La violencia desatada durante la marcha de la generación Z ya derivó en una confrontación política abierta entre Morena y la oposición. Los legisladores de la 4T en el Congreso capitalino exigieron hoy la destitución de Alessandra Rojo y Mauricio Tabe, al acusarlos de incitar y organizar a los grupos que el sábado se confrontaron con la Policía; en la maniobra aprobaron un exhorto a través del cual piden a ambos alcaldes se separen temporalmente de sus cargos en Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.
La coordinadora de Morena Xóchitl Bravo lo dejó aún más claro, pues advirtió que “vamos a ir por el juicio político, por responsabilidad institucional”, expresó entre el aplauso de sus compañeros.
De paso, los morenistas le dieron un pisotón a su aliada política Diana Sánchez Barrios, pues aun con ella presente en el salón de sesiones señalaron abiertamente al hermano y sobrinos de la diputada, por llevar bajo presión a contingentes de ambulantes a la manifestación de la generación Z bajo instrucciones de Alessandra Rojo.
PUNTO DE ACUERDO
El morenista Paulo García encendió la mecha en la tribuna del recinto legislativo cuando rodeado de diputados de la 4T, entre ellos Diana Sánchez Barrios, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la creación de una comisión legislativa que dé seguimiento a las investigaciones respecto a los hechos del 15 de noviembre en el Zócalo.
El punto de acuerdo pide a la secretaria de la Contraloría Nashieli Ramírez investigue posibles actos de coacción a funcionarios y comerciantes de las alcaldías Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, para que participaran en la marcha del sábado, así como a la Fiscalía de la Ciudad para profundizar en las indagatorias sobre la presencia de los grupos violentos.
Luego de cinco horas de debate que concluyeron con una gritería entre Morena, PAN y PRI, obligando a un receso solicitado por el presidente de la Mesa Directiva Jesús Sesma, el punto de acuerdo se aprobó con el voto mayoritario de la 4T.
Hubo 37 votos a favor de parte de Morena, PT y PVEM, contra 14 del PAN y PRI.
PRUEBAS
Paulo García mostró desde una tableta electrónica una serie de capturas de pantallas y videos en los que señaló a Rubén Jiménez Barrios -hermano de Diana-, así como a Grecia Maribel, Rubén Erick y Jean Leonet Jiménez Hernández -sobrinos de Sánchez Barrios-, por obligar a los comerciantes ambulantes de su organización a participar en la marcha del 15 de noviembre.
El diputado García acusó que estos integrantes de la familia Barrios son operadores políticos de la alcaldesa en Cuauhtémoc Alessandra Rojo de la Vega, quien habría dado la orden de coaccionar a los vendedores, además de recordar que forman parte de la dirigencia del PRI en la Ciudad.
Continuó con las acusaciones contra el alcalde en Miguel Hidalgo Mauricio Tabe, al señalar a Roberto Arceo Trujillo, subdirector B en esa demarcación, quien además forma parte de la organización de Comerciantes y artesanos del Centro Histórico, como la persona que coordinó a golpeadores del comercio ambulante para ejercer violencia contra policías capitalinos.
“Su cercanía con el alcalde Tabe es evidente, pues lo acompaña a eventos públicos y acude a reuniones a nombre de la alcaldía”, denunció Paulo García.
También señaló a Alberto González Mancilla, quien saltó la valla instalada en el Zócalo y llegó al Palacio Nacional. Es trabajador de la bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad, además de que fue candidato a consejero regional y capacitador electoral del PAN.
Otro personaje mencionado por los morenistas es Edson Andrade, principal impulsor de la marcha de la generación Z y quien tiene contratos asignados por el PAN desde febrero de 2025 por 2 millones 106 mil pesos.
Los diputados del PAN no desmintieron que personal de la bancada participó en la marcha; los del PRI no negaron que los ambulantes que pertenecen a la organización de Rubén Jiménez Barrios estuvieran en la movilización, pero solo llegaron al Eje Central.
Con sus pruebas, Paulo García expuso que la del sábado no fue una marcha espontánea, sino una puesta en escena que organizó lo más desprestigiado de la clase política.
“Es fundamental parar en seco estas operaciones que conduce la derecha y por eso desde esta tribuna y a nombre de nuestro grupo parlamentario, con toda responsabilidad política pedimos la destitución de la alcaldesa de Cuauhtémoc Alessandra Rojo de la Vega y del alcalde de Miguel Hidalgo Mauricio Tabe”.
Le siguió un muy largo debate entre diputados de la 4T, contra legisladores del PRI y del PAN, con los mismos argumentos que ya han externado de ambos lados.
La oposición acusó al gobierno de la Ciudad y a la Policía de reprimir a ciudadanos auténticos que expresaban libremente su descontento contra las administraciones de la 4T que han sumido al país en la inseguridad, la violencia y la carencia de oportunidades para la juventud.
“Esto inició con la ejecución del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo”, fustigó la diputada del PRI Tania Larios, secundada por la panista América Rangel, quien acusó: “El ciudadano que ondeaba la bandera nacional en el Zócalo recibió una paliza salvaje de parte de la Policía. Esa escena resumen todo, el narco régimen contra ciudadanos de bien, pero es momento de levantar la voz hasta que la narco izquierda caiga”.
En el inter de la discusión, la diputada de Morena Brenda Ruiz pidió que el punto de acuerdo presentado por Paulo García tuviera dos resolutivos más, uno con el exhorto a Alessandra Rojo y a sus subalternos señalados de intervenir en la marcha de la generación Z, para que pidan licencia al cargo en tanto se realizan las investigaciones correspondientes; otro resolutivo va con la misma solicitud hacia Tabe y sus colaboradores.
LOS BARRIOS DIVIDIDOS
Cuatro horas después de iniciado el debate, Diana Sánchez Barrios por fin subió a tribuna para deslindar solo a su mamá Alejandra Barrios y a su hermana Silvia, de la movilización.
“La familia Sánchez Barrios se integra por distintas personas, cada una con distintas opiniones sobre la política; respecto a mi hermano Rubén, quien es también dirigente del comercio popular en esta alcaldía Cuauhtémoc, seguramente recibió presiones y chantajes por parte de la alcaldesa para llevar a sus agremiados al Zócalo”, dijo Diana.
Agregó que su hermano Rubén deberá explicar lo ocurrido y enfatizó que la familia Barrios reprueba cualquier forma de violencia, convencidos de que el diálogo es la mejor herramienta democrática para defender derechos.
Rechazó la presunta movilización forzada del comercio en la vía pública para asistir a la marcha del sábado o se les coaccione a cometer actos de violencia.
Diana Sánchez Barrios, quien estuvo presa durante el gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad, concluyó hoy su discurso al asegurar que “las miles y miles de personas comerciantes del espacio público están con la cuarta de transformación y con la presidenta del México Claudia Sheinbaum, quien cuenta con el apoyo en este Congreso”.
Agregó que lo ocurrido el sábado en el Zócalo solo demuestra la desesperación de la derecha y consideró que “resulta necesaria una investigación exhaustiva sobre los señalamientos que apuntan a la coacción ejercida por servidores públicos locales en detrimento de los trabajadores del comercio popular”.
