La institución financiera Bansi, fundada en Guadalajara, mantiene un extenso historial de sanciones regulatorias y reclamos de usuarios, además de su presunta implicación en un caso de desvío millonario en San Luis Potosí.
Según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), entre 2018 y 2024 el banco recibió 14 sanciones económicas por incumplimientos a la Ley de Instituciones de Crédito y a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.
De acuerdo con un reporte de Milenio Jalisco, las irregularidades detectadas incluyen deficiencias en controles internos, errores contables, omisiones en la entrega de información, así como incumplimiento en el Coeficiente de Cobertura de Liquidez.
Además, la CNBV señaló fallas en la prevención de lavado de dinero, un Comité de Auditoría presidido por una persona con conflicto de interés, y un Consejo de Administración que no cumplía con el mínimo de consejeros independientes. También se documentaron infracciones relacionadas con las redes de medios de disposición.
En cuanto a la atención al usuario, la Condusef informó que entre 2021 y 2025 se acumularon 1,819 reclamaciones contra Bansi, y tan solo en el primer trimestre de 2025 se registraron 41 quejas, reflejando un aumento constante en los últimos años.
En el plano judicial, el banco se vio involucrado en una investigación por desvío de recursos públicos en la Dirección General de Pensiones del Estado de San Luis Potosí. En enero de 2024, la Fiscalía estatal detuvo a siete personas, incluidos tres funcionarios públicos, acusados de
peculado y ejercicio abusivo de funciones, con un daño estimado de hasta 700 millones de pesos.
El fiscal José Luis Ruiz Contreras detalló que entre 2020 y 2023, la Tesorería abrió irregularmente más de 60 cuentas bancarias en una sola institución —cuando solo estaban autorizadas cuatro— para triangular recursos hacia particulares.
Entre los detenidos se encuentra Arturo “N”, director regional de Bansi, señalado por facilitar la apertura de las cuentas. Los fondos, retenidos a trabajadores, fueron transferidos a Trapeza, empresa que debía servir como intermediaria de créditos hipotecarios, pero fue usada para dispersar dinero a cuentas privadas.
La investigación también alcanza a otras tres empresas, así como a funcionarios y representantes sindicales de la Junta de Gobierno de Pensiones, mientras que los implicados ya fueron presentados ante un juez de control. La Fiscalía estatal confirmó que se mantienen abiertas las indagatorias.
