CDMX bajo asedio selectivo. Ataques contra figuras públicas, abogados y empresarios

La tarde del lunes 13 de octubre de 2025, el abogado David Cohen Sacal caminaba con paso ligero al salir de una reunión en la sede de la Ciudad Judicial de la capital del país, quizá con la rutina de múltiples audiencias ya vividas.

De pronto, una motocicleta aparece, se aproxima. Un joven extrae un arma calibre 9 mm y dispara sin mediar palabra. Cohen recibe un disparo en la cabezay otro en el fémur; un agente de la Policía de Investigación de la Ciudad de México que estaba cerca responde y hiere a un presunto agresor, que es detenido casi en el acto.

Las horas siguientes fueron de confusión y shock. La Fiscalía de la Ciudad de México corrigió versiones iniciales: no había muerto en el sitio de la agresión, fue trasladado al hospital, donde falleció. Todo apunta a un ataque directo.

Minutos después, se dio a conocer que el abogado representaba casos de alto perfil —entre ellos al exdirector de la cooperativa Cruz Azul, Guillermo “Billy” Álvarez— y que su firma litigaba en los terrenos más complejos del derecho mercantil, administrativo y de amparo.

Este atentado, tiene todos los elementos para encender alarmas, un litigante con acceso a grandes intereses, herido a plena luz del día en una zona que alberga tribunales y sedes de la fiscalía, por un agresor sobre motocicleta —el patrón que tantas veces se ha visto en otros crímenes de alto impacto. La pregunta que queda en el aire es: ¿quién quiso silenciarlo y por qué?

Un par de semanas antes —la noche del 29 de septiembre— otro caso puso la Ciudad de México en situación de vulnerabilidad.

En la esquina de Molière y Presidente Masaryk, en el lujoso Polanco, la zona de boutiques de alta gama y embajadas, el estilista e influencer Miguel Ángel de la Mora Larios, conocido como “Micky Hair”, de 28 años, salía de su negocio —el salón “Micky Hair Salón Masaryk”— cuando dos sujetos en motocicleta lo interceptaron y le dispararon múltiples veces. Murió en el lugar.

Las autoridades rápidamente descartaron que fuera un robo: se trató de un “ataque directo”, dijeron.

El homicidio en uno de los barrios más vigilados de la capital rompió la idea de que Polanco sigue siendo un área “segura”. Lo que despertó aún más inquietud fue que la víctima tenía redes de influencia, clientes famosos (como Ángela Aguilar y Kenia Os) y circulaba en el universo de los ingresos rápidos y visibles.

Para añadir un tercer golpe simbólico, apenas días después se dio cuenta del asesinato de un actor y modelo argentino, Federico Dorcaz, de 29 años, que conducía por Periférico en la colonia Ampliación Daniel Garza, alcaldía Miguel Hidalgo, y fue abatido en un ataque por dos motocicletas.

Consecuencias que trascienden a las víctimas

La suma de estos atentados —un abogado, un estilista, un actor— en distintos focos de la ciudad revela un patrón inquietante: blancos bien ubicados, modus operandi repetido (motos, huida rápida), zonas de alto valor simbólico (tribunales, boutiques, avenidas de lujo).

Para la ciudadanía, para el mundo del derecho, para empresarios y profesionales, el mensaje es claro,nadie está fuera de riesgo, si los intereses contrapuestos son lo suficientemente poderosos.

En el gremio jurídico se elevó la alerta. ¿Qué tan protegidos están los abogados que toman casos de gran exposición? ¿Cuántos pueden asumir que su rutina los convierte en “blancos seleccionados”?

Los casos han generado cuestionamientos sobre la seguridad institucional y la capacidad de disuasión del sistema. En materia de inversión, también introduce un factor de riesgo reputacional, ¿es seguro operar, litigar o invertir en esta capital cuando la violencia se dirige a personajes visibles?

Para las autoridades, el costo político es elevado. Armas de fuego en zonas tan simbólicas minan la confianza pública y erosionan la percepción de control. En lo inmediato, detenciones, entrevistas, reforzamiento de vigilancia en zonas críticas. Pero en lo estructural: ¿cómo cortar la cadena que va del autor material al autor intelectual?

Miradas internacionales, lecciones de un pasadocercano

Cuando se analiza este fenómeno —asesinatos selectivos a personas de perfil público en contextos urbanos— hay al menos tres experiencias que ofrecen lecciones.

La de Italia con la mafia tras los magnicidios de los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino; la de España en el final de la lucha contra ETA; y la de Colombia con la protección de líderes sociales y operadores de justicia.

En Italia, tras la muerte de Falcone y Borsellino —ambos encarnaciones de la lucha contra la Cosa Nostra— se construyó una arquitectura institucional fuerte. Fiscalías antimafia especializadas, régimen penitenciario severo, confiscación de bienes, testigos protegidos y seguimiento financiero a los flujos delictivos. Ese andamiaje endureció el coste de atacar figuras del sistema judicial.

En España, el desgaste operativo de ETA vino de la combinación de inteligencia compartida, presión financiera, políticas antiterroristas y protección a cargos públicos —ya no solo con escoltas, sino con un ecosistema de información y coordinación policial.

En Colombia, donde los asesinatos de líderes sociales y operadores de justicia han sido una tragedia más amplia, existe la Unidad Nacional de Protección (UNP) que asigna medidas de seguridad —escoltas, vehículos blindados, reubicación—, pero al mismo tiempo se reconoce que la protección física no es suficiente sin avance en judicialización y control territorial.

¿Pero, en la Ciudad de México qué hacer?

El patrón es visible y exige respuesta rápida. Primero,reforzar los “espacios duros” de riesgo —como la Ciudad Judicial, avenidas de alto tránsito, zonas de negocios de lujo— con accesos controlados, vigilancia inteligente, lectores de placas, filtros para motocicletas sin placa, análisis de rutas de escape.

El miércoles posterior al crimen de Micky Hair, por ejemplo, se montó un fuerte despliegue de policías y cámaras en la Polanco–Masaryk, que hasta el día de hoy se mantiene.

Segundo, intensificar la investigación hacia arriba en la cadena —no solo detener al tirador, sino encontrar al organizador, al proveedor de las motos, al financista. En el caso Cohen, por ejemplo, ya se detuvo al agresor y se busca al presunto autor intelectual.

Tercero, ampliar protocolos de protección para quienes litigan asuntos complejos o tienen exposición pública como abogados o empresarios. No solo asignar escoltas, sino revisar rutas, horarios, cámaras personales, evaluación de riesgo constante.

Y cuarto, comunicar con claridad resultados, avances, cifras. Si la ciudadanía percibe que el “blanco visible”es atacado sin consecuencia, la percepción de impunidad se agrava.

El hilo que une los casos

Lo que tienen en común los tres hechos es la violencia como mensaje. No es solo matar, es visibilizar que el poder también se disputa con armas, que el “trabajo por encargo” sigue activo, que la moto como instrumento de violencia rápida sigue vigente.

Los espacios —tribunales, salones de belleza, avenidas de lujo— muestran que el ajuste de cuentas no solo se perpetra en zonas marginales, sino de la urbe “de cara al público”.

Para quienes los recordamos, estas imágenes chocan. Grandes salones en Polanco, lujo y escaparates. Abogados llegando al tribunal. La sensación de normalidad se fractura. Y ese quiebre es quizá lo más grave. Cuando la seguridad de los “otros” —los que tienen escolta, visibilidad, conexiones— deja de sentirse segura.

¿Y ahora qué?

La Ciudad de México vive días de tensión tras estos golpes de alto impacto. No es solo cuántos muertos, sino qué representan. El derecho, la decisión empresarial, la apariencia de seguridad, todos tocados a la vez.

Como en otras latitudes, la respuesta requiere persistencia institucional, coordinación, inteligencia y sobre todo, riesgo compartido. Porque cuando los blancos visibles dejan de sentirse seguros, el mensaje para toda una sociedad es claro, nadie está fuera del tablero.

En ese tablero se mueven abogados, empresarios, influencers, ciudadanos comunes. ¿La apuesta? Que el Estado recupere la iniciativa, que la investigación no quede en los titulares y que las motocicletas con sicarios dejen de ser el símbolo de la impunidad urbana.

Humberto Morgan
Humberto Morgan
Líder y vocero del movimiento de las Bandas Juveniles en la década de 1980, fenómeno social identificado coloquialmente como “Los Panchitos”. Integrante del Consejo Popular Juvenil, Ricardo Flores Magón (CPJ), primera y más importante Organización de Bandas Juveniles en México. Coadyuvo en la construcción del proyecto Centros de Orientación, Formación y Atención Popular (COFAPs), Escuelas del Pueblo para el Pueblo. Logró la gestión y puesta en marcha del Proyecto Nacional del CPJ, que estableció 18 sedes de desarrollo, en diversos estados del país, con objeto de prevenir la violencia, las adicciones y el pandillerismo, a través de actividades comunitarias, deportivas, de educación y trabajo en talleres y cooperativas juveniles. Estudio la carrera de Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México, el seminario, La Juventud: su Significado y Atención, en la Universidad Iberoamericana. De igual forma curso el diplomado, La Administración y el Manejo de los Recursos Humanos en la Escuela Nacional de Trabajo Social. Es licenciado en Administración Pública por la Universidad del Valle de México. Es Maestro en Filosofía Aplicada por la Universidad Vasco de Quiroga. Fue investido como Doctor Honoris Causa, por el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia. También, recibió la distinción como Embajador Humanitario por El Claustro Doctoral de Líderes Internacionales, otorgado en el Senado de la República. Inicio la práctica del Kung Fu en 1985, hoy es maestro del sistema Ho Hok Pai (Tigre y Grulla). Representó a nuestro país en diversos foros y eventos internacionales, como la Cumbre de la Tierra en Rio de Janeiro, Brasil en 1993. El seminario Healing Ours Self and Mother Earth, en Aspen, Colorado, donde interactúo con más de ciento cincuenta jóvenes de las tribus Cheyene, Cherokee, Black Foots y Otawas. Impulsó el intercambio de experiencias constructivas y contra las adicciones con jóvenes de pandillas de los Ángeles, California, así como con las del Sur del Bronx en Nueva York, Estados Unidos. De manera similar, convivio con las Barras Juveniles de inmigrantes nicaragüenses, asentadas en la periferia de San José de Costa Rica. Recibió mención honorifica en el comité preparativo de la Cumbre de la Tierra, Hábitat II, en la Organización de las Naciones Unidas de Nueva York y fue premiado en la Cumbre de las Ciudades en Estambul, Turquía en 1996, por el proyecto Espacios Juveniles de Encuentro Interactivo (EJE). Ha recorrido una larga carrera como servidor público. Fue subdelegado y director general de Desarrollo Social, así como director general de Desarrollo Delegacional en la entonces Delegación Álvaro Obregón. Diputado de la IV Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Director general de Seguridad Ciudadana, director general de Gobierno y Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo. También, director ejecutivo del programa de Integración y Educación Alternativa, de la Secretaría de Educación del Distrito Federal y Coordinador de Asesores de la Secretaría de Movilidad de la ciudad de México. Es presidente de la Agrupación Política Local, Movimiento Civil 21. Presidente de la asociación civil, Sociedad Veintiuno. Vicepresidente de la asociación civil, Observatorio de Seguridad Ciudadana, ProMéxico. Presidente de la asociación civil, Coalición Suma México e integrante del Colectivo por la Unidad y la Transformación de Álvaro Obregón.

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