La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó el incremento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicable a juegos de apuestas y sorteos, que pasará del 30 al 50 por ciento a partir de 2026. Además, se plantea un gravamen adicional de 8 por ciento para videojuegos con contenido violento.
La medida forma parte del Paquete Económico 2026 propuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y será discutida en el Pleno durante los próximos días. Según la dependencia, el ajuste busca aumentar la recaudación en más de 5 mil millones de pesos el próximo año, lo que representaría un incremento de 35 por ciento respecto a 2025.
El documento presentado por el titular de Hacienda, Édgar Amador Zamora, señala que la modificación pretende equiparar la carga fiscal con la de otros países. En Francia, el impuesto máximo alcanza 83.5%; en Reino Unido y Polonia, 50%; en Argentina, 41.5%; en España, 39.4%; y en Brasil, 38.8%. En México, la industria de juegos y sorteos representa 0.55 por ciento del Producto Interno Bruto, pero solo aporta 0.01 por ciento en recaudación.
Especialistas en materia fiscal advirtieron que las comparaciones internacionales deben analizarse con cuidado, ya que los criterios varían según el tipo de gravamen y las deducciones permitidas. Representantes del sector formal consideran que el aumento podría afectar a las empresas reguladas y favorecer al mercado informal.
“El incremento puede fomentar la informalidad y disminuir la recaudación”, expusieron expertos del ramo, quienes propusieron un esquema fiscal diferenciado. De acuerdo con datos de la industria, alrededor del 60 por ciento del mercado de juegos en línea opera fuera del marco legal, con más de 4 mil 500 sitios activos sin controles ni cumplimiento fiscal.
La SHCP incluye en su propuesta un mecanismo de control y supervisión para operadores nacionales y extranjeros. Aquellos que no acrediten el pago del impuesto podrían ser sancionados o suspendidos temporalmente. El gobierno argumenta que la medida permitirá transparentar ingresos y reducir riesgos de lavado de dinero mediante sistemas digitales de monitoreo.
El dictamen será turnado al Pleno de la Cámara de Diputados esta semana. En caso de aprobarse, se enviará al Senado antes del 31 de octubre para su revisión. Representantes del sector esperan que el debate legislativo incorpore ajustes como tasas escalonadas o incentivos que fortalezcan la formalidad y frenen la operación de plataformas ilegales.
