La conmemoración del 57º aniversario de la masacre estudiantil de 1968 volvió a reunir a miles de personas en las calles de la capital.
La marcha, convocada por el Comité 68 Pro-Libertades Democráticas, partió de la Plaza de las Tres Culturas y llegó al Zócalo capitalino.
Durante varias horas, el ambiente estuvo marcado por consignas de justicia histórica y demandas actuales como la de Ayotzinapa y el respeto a los derechos humanos.
Sin embargo, hacia el centro histórico, el trayecto pacífico se vio interrumpido por disturbios protagonizados por un contingente autodenominado “bloque negro”, que desató actos de violencia, vandalismo y enfrentamientos con las fuerzas policiales.
El saldo, 94 policías lesionados, 29 civiles heridos y una persona detenida, además de cuantiosos daños materiales, estimados en más de 4.3 millones de pesos, con robos que habrían afectado joyerías por un monto cercano a los 35 millones de pesos.
Más allá del enfrentamiento, el episodio desató un debate sobre la actuación de la policía y el cumplimiento de los protocolos oficiales en contextos de protesta social.
La marcha: memoria y reclamos vigentes
La movilización comenzó puntualmente a las 16:00 horas desde Tlatelolco. A lo largo de la ruta, los participantes corearon consignas contra la impunidad histórica, exigieron justicia para los 43 normalistas de Ayotzinapa y extendieron la solidaridad con el pueblo palestino.
Miles de personas avanzaron de forma pacífica, acompañadas de observadores de derechos humanos y con resguardo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), que desplegó alrededor de 1,500 agentes.
El operativo incluyó vallas protectoras en comercios del centro y cierre de calles principales. Hasta el arribo al Zócalo, la manifestación se mantenía ordenada y mayormente pacífica.
El estallido del bloque negro
Fue en el corazón de la capital donde el bloque negro, integrado por entre 300 y 350 personas encapuchadas, emergió para lanzar piedras, bombas molotov y otros objetos contundentes contra policías y mobiliario urbano.
Los disturbios derivaron en pintas, quema de contenedores y saqueo de comercios, incluida la joyería Bizarro, donde se detuvo a un presunto saqueador en flagrancia.
Periodistas que cubrían la marcha denunciaron agresiones y daños a su equipo.
Varias personas, entre ellas manifestantes pacíficos y comunicadores, resultaron lesionadas durante los choques. La policía respondió con vallas, gas lacrimógeno y formación de contención, concentrando el mayor enfrentamiento en el Zócalo.
El protocolo oficial: lo que dice la norma
La Ciudad de México cuenta con un Protocolo de Actuación Policial para Manifestaciones y Reuniones, que busca garantizar el equilibrio entre el derecho a la protesta y el deber de preservar el orden público.
Este documento se fundamenta en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y en compromisos de respeto a los derechos humanos.
Entre sus lineamientos principales destacan:
1. Principios rectores: legalidad, proporcionalidad, objetividad, respeto a derechos humanos y rendición de cuentas.
2. Identificación visible: todo elemento policial debe portar número de identificación en chaleco y casco.
3. Equipamiento no letal: prohibición del uso de armas de fuego en manifestaciones; autorización de escudos, cascos, bastones y chalecos.
4. Escalonamiento progresivo: las acciones de contención deben iniciar con diálogo y medidas preventivas, avanzando gradualmente a intervenciones físicas solo si es necesario.
5. Protección de terceros: obligación de resguardar a comerciantes, infraestructura y bienes públicos y privados.
6. Detenciones con respeto a derechos humanos: registro de actuaciones, uso de cámaras y garantía de atención médica
7. Límite a la intervención: las protestas pacíficas no deben disolverse ni contenerse con fuerza; la intervención selectiva procede solo ante actos de violencia.
Las discrepancias entre el protocolo y lo ocurrido
A la luz de estos principios, la actuación policial en la marcha del 2 de octubre suscitó críticas:
– Escalonamiento insuficiente: en algunos puntos, la policía respondió rápidamente con gas lacrimógeno sin evidenciar procesos previos de diálogo.
– Falta de identificación visible: varios reportes señalaron que no todos los agentes portaban números de identificación.
– Afectación a terceros: a pesar del operativo preventivo, se registraron saqueos y daños a negocios.
– Agresiones a prensa y civiles: periodistas denunciaron agresiones directas mientras documentaban los hechos.
– Contención tardía del bloque negro: la presencia de este grupo violento no fue neutralizada a tiempo, poniendo en riesgo al resto de los manifestantes.
Reacciones y críticas
Las repercusiones del episodio no se hicieron esperar:
– Comerciantes exigieron reparación de daños y mayor eficacia en la protección de negocios.
– El Comité 68 condenó los disturbios, señalando que la movilización fue concebida como pacífica.
– Organismos civiles advirtieron que los disturbios podrían usarse como pretexto para endurecer medidas represivas contra el derecho a protestar.
– La jefa de Gobierno, Clara Brugada, defendió la labor de la policía, afirmando que actuó para contener la violencia de grupos infiltrados.
– Periodistas y organizaciones de prensa reclamaron garantías para ejercer su labor en futuras manifestaciones.
Memoria, derechos y lecciones pendientes
La marcha de este año deja un mensaje complejo: la memoria de 1968, emblema de lucha por la democracia y los derechos, se vio empañada por hechos violentos que abrieron heridas en comerciantes, reporteros y ciudadanos.
El desafío radica ahora en fortalecer la aplicación real del protocolo: capacitar a las fuerzas de seguridad en derechos humanos, garantizar su identificación, mejorar las estrategias para aislar y neutralizar grupos violentos sin afectar al resto de los manifestantes, y reforzar la supervisión civil y transparente de los operativos.
Más allá de los daños materiales, la sociedad enfrenta la tarea de evitar que el legítimo derecho a la protesta sea reducido a escenas de enfrentamiento y caos. La memoria del 2 de octubre reclama que las calles sean un espacio de expresión libre y segura, sin que la violencia eclipse el reclamo de justicia.
