A dos semanas de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, la tragedia ha crecido cada día, con 30 personas fallecidas debido a la gravedad de sus quemaduras, mientras otras 15 permanecen hospitalizadas en condición grave o crítica.
Hay 39 personas más que ya fueron dadas de alta.
Hasta el momento el único apoyo económico que han recibido las víctimas o sus deudos es de 20 mil pesos a cada lesionado y de 50 mil en el caso de quienes murieron.
Hasta ahora no hay certeza del monto de la indemnización que recibirá cada afectado de parte de la empresa dueña de la pipa, la firma Transportadora Silza.
La jefa de Gobierno Clara Brugada ha dicho que la empresa está dispuesta a hacer la reparación integral del daño, pero hasta ahora no hay nada en concreto y lo único cierto es que la propia mandataria pospuso la creación de un comité solidario en donde privados harían donaciones para apoyar a las víctimas.
Pero luego y con molestia, Brugada dijo que el comité se creará una vez que Transportadora Silza cumpla con la reparación integral para todos los afectados por la explosión.
Sobre las causas de la volcadura de la pipa, la fiscal general de la Ciudad Bertha Alcalde ha dicho que fue por exceso de velocidad, aunque un video filtrado en redes sociales demuestra que la pipa no transitaba a exceso de velocidad. Ni Brugada ni la fiscal han desmentido ese video.
Por los dichos de Bertha Alcalde, la intención de las autoridades era fincarle responsabilidades penales al conductor de la pipa, pero el operador del vehículo ya falleció.
Aún así sigue abierta una carpeta de investigación por los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y daños a la propiedad.
La fiscal no ha dicho si se fincarán imputaciones penales a la empresa dueña de la pipa, pero tanto Bertha Alcalde como Clara Brugada han dejado entrever que su apuesta es por la reparación del daño a las víctimas.
El monto de esa indemnización, de acuerdo a Brugada, dependerá de un estudio socioeconómico que se haga a cada víctima y a su familia.
La fiscal también salió a desmentir a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial que el mismo día de la explosión acusó que Transportadora Silza no contaba con seguro de responsabilidad civil.
Sin responsables penales por la tragedia ni claridad sobre la indemnización a los afectados, el apoyo se traduce en el dinero de emergencia que otorgó el gobierno de Brugada, más asesoría jurídica y psicológica, alimentos y área de pernocta afuera de los hospitales y la promesa de un segundo apoyo económico para los lesionados.
