Ocho años después de los sismos que dañaron sus viviendas, damnificados del 19S lamentaron que la tarea de reconstrucción no esté completa, por burocracia, entuertos jurídicos o por el desinterés de autoridades para atenderlos.
En medio de ese reclamo, hoy recibieron el compromiso del secretario de Vivienda Inti Muñoz, de que la reconstrucción total estará finalizada para cuando termine el primer semestre de 2026.
Integrantes del Movimiento de Familias Damnificadas del 19S organizaron este mediodía un encuentro en el Zócalo capitalino para conmemorar los 40 años del sismo de 1985 y los ocho años del terremoto de 2017, así como a las víctimas de ambos sucesos.
Ahí los miembros de ese colectivo revelaron que en los siguientes minutos la jefa de Gobierno Clara Brugada firmaría, en un encuentro privado con ellos, un Acuerdo General para la Culminación del proceso de reconstrucción.
En el Zócalo, los damnificados pidieron también eficientar los procesos de escrituración y constitución de nuevos regímenes de propiedad en condominio para los inmuebles que serán entregados antes de diciembre de 2025.
Solicitaron que la Comisión para la Reconstrucción y sus mecanismos de acompañamiento se mantengan vigentes y se incluya una eficaz estrategia preventiva para evitar daños mayores ante el riesgo de nuevos fenómenos naturales.
Presente en el evento, el secretario de Vivienda de la Ciudad Inti Muñoz, les dio a conocer que el próximo año cuando termine la reconstrucción, esta Comisión se convertirá en la Dirección General de Atención a Riesgos Estructurales y su tarea será atender problemas relacionados con futuros sismos, hundimientos y grietas.
EN VOZ DE LOS DAMNIFICADOS
Héctor de la Cueva, damnificado de Vértiz 273, fue el primero en tomar la palabra, tanto para presentar a otros oradores como para destacar el motivo de este encuentro del Movimiento de Familias.
“Los damnificados seguimos haciendo historia, porque en realidad somos todavía miles de familias que seguimos sin regresar a casa y que estamos en resistencia y lucha.
“Quienes nos hemos organizado en el Movimiento de Familias Damnificadas del 19S hemos convocado a este encuentro sií como un evento de memoria pero también de lucha, porque seguimos luchando para que la reconstrucción llegue a su fin como se marcó en la Ley, devolviendo las casas a los damnificados de manera integral, en condiciones de habitabilidad, de manera digna.
Jorge Torres, damnificado de Ámsterdam 219, recordó que el balance del sismo de 2017 se calculó en la destrucción parcial o total de 12 mil viviendas unifamiliares y más de 400 edificios multifamiliares.
Destacó la importancia de que la Ley para la Reconstrucción creada en 2018 permanezca como el eje rector que dé obligatoriedad a autoridades y certeza jurídica a futuros afectados, además de que incluya todos los posibles aspectos de prevención para mitigar daños en el futuro, como la gran cantidad de grietas existentes en el subsuelo de la Ciudad.
Lucas Álvarez Olvera, del Frente de Resistencia Organizada, recordó el caso del predio de Santa Catarina 4 en la esquina de Brasil y Honduras, Centro Histórico, para recordar que la reconstrucción no ha acabado.
Dijo que el inmueble está catalogado como de riesgo inminente para las 14 familias que lo habitan, pero no hay avances para su expropiación.
Otro caso, mencionó, es el de Vértiz 253 donde el gobierno presiona a 20 familias damnificadas para que acepten el modelo de redensificación y se incluyan 10 viviendas adicionales y se vendan al mercado inmobiliario.
El problema es que las 20 familias originarias recibirían departamentos de 50 metros y los otros 10 generados con redensificación serían de 70 metros. Como los vecinos no han aceptado, el plan de reconstrucción está detenido.
Salvador Berumen, de Morena 312, recordó que las 36 familias de ese predio enfrentan una demanda por parte de la empresa que haría la reconstrucción de su edificio.
El juicio se arrastra desde 2022, pues la constructora les exigió a los damnificados el pago de 30 millones de pesos por supuestos gastos que se habían generado ante el retraso de la obra y que no estaban incluidos en el contrato original.
Hasta ahora, estos damnificados han gastado más de 300 mil pesos en abogados para enfrentarse a la constructora y aunque la reconstrucción lleva un avance de obra de 90 por ciento, el proceso ha sido tortuoso y sumamente burocrático.
