El anuncio del llamado Proyecto Portero por parte de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) desató un nuevo conflicto diplomático con México. La iniciativa busca desmantelar las redes de contrabando al atacar a los “guardianes” o “porteros” del crimen organizado, responsables de vigilar corredores de tráfico de fentanilo, cocaína, armas y dinero entre ambos países.
En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum negó categóricamente que su gobierno haya firmado algún acuerdo con la DEA para esta operación. Aseguró que ni ella ni las instituciones de seguridad conocían el plan y subrayó que cualquier convenio con Estados Unidos debe pasar únicamente por la vía oficial del gobierno federal.
La mandataria precisó que la única colaboración admitida fue la participación aislada de policías mexicanos en un taller realizado en Texas, sin relación con una operación conjunta. Enfatizó que la política de seguridad de México se rige bajo tres principios: soberanía, coordinación institucional y no subordinación.
Por su parte, la DEA defendió que el Proyecto Portero forma parte de su estrategia fronteriza, con la participación de diversas agencias estadounidenses como el FBI, ICE y la Patrulla Fronteriza, con el fin de atacar los puntos de control que mantienen los cárteles en los corredores de contrabando.
La controversia revive viejas tensiones entre ambos países, marcadas por episodios como la detención del general Salvador Cienfuegos y la política de cooperación limitada de gobiernos anteriores. El diferendo actual abre un nuevo debate sobre la manera en que deben enfrentarse los desafíos de seguridad binacional sin comprometer la autonomía mexicana.
México ha reiterado que seguirá colaborando con Estados Unidos en el combate al narcotráfico, pero siempre bajo un marco de respeto y con apego a la soberanía nacional.
