Más de 24 horas se han cumplido de una protesta de militantes del PRD local a las afueras del Instituto Electoral de la CDMX (IECM), quienes mantienen un bloqueo en los accesos a esa institución para exigir la entrega de prerrogativas que le corresponden al Sol Azteca y con ello el pago de su salario.
Pero la atención a esa exigencia se prevé complicada, pues depende de una resolución llevada a tribunales y cada vez más intrincada, para determinar quién preside ese partido político.
Hoy en un comunicado, el propio IECM informó que la sede central del organismo realizaba sus labores de forma remota, ante el bloqueo de militantes perredistas, lo cual impide el desarrollo normal de las actividades en las oficinas desde la mañana del 30 de junio.
Ayer lunes militantes, dirigentes, presidentes y secretarios del PRD en las diferentes alcaldías acudieron a protestar al IECM en demanda de la entrega de las prerrogativas.
“Han transcurrido seis meses que llevamos sin pago; el Instituto Electoral quiere quedarse con nuestros recursos y con los intereses que se están generado desde que inició el año”, denunciaron.
Los manifestantes señalaron que en todo lo que va del año, no han recibido pago alguno como trabajadores del Sol Azteca, motivo por el cual acudieron a exigir la liberación de los recursos.
El bloqueo impidió que el personal salieron de las instalaciones por varias horas, ni siquiera para comer.
“Los funcionarios del IECM se quejan de que no comieron el día de hoy, pero nuestras familias no lo hacen desde hace meses”, denunciaron los militantes del PRD.
Afirmaron que los integrantes del IECM se prestan a la opacidad y sirven a intereses ajenos a los del PRD Ciudad de México, al permitir que militantes “espurios” que renunciaron al Sol Azteca, tengan injerencia en el perredismo.
En el fondo subyace la disputa entre la diputada local Nora Arias y el grupo que encabeza Jesús Zambrano por el control del Sol Azteca en la Ciudad.
Los militantes del PRD capitalino aseguraron que ya fueron reconocidos como trabajadores de ese instituto político por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en la resolución hecha pública el pasado 28 de mayo.
EL BLOQUEO
Sobre el bloqueo a las instalaciones, el IECM dio a conocer que ayer lunes sostuvo diálogo con una comisión de las personas “quienes dicen pertenecer al PRD”.
En la reunión, las autoridades del Instituto explicaron a los manifestantes que el procedimiento de registro del partido político local sigue en curso.
Señalaron que sobre el tema de las prerrogativas, éstas no han podido ser transmitidas porque el registro del partido continúa condicionado al cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la normativa.
El PRD mantiene tres pendientes: la constitución de sus autoridades representativas a nivel local, sus estatutos y reglamentación interna.
De acuerdo con la normatividad aplicable, el PRD local debe entregar dentro del plazo concedido la documentación para cumplir con esos pendientes y, una vez que sea validado el cumplimiento por el Consejo General del IECM, se podrían liberar las prerrogativas acumuladas, como lo establece la legislación.
En su comunicado el IECM recordó que el pasado 15 de abril, derivado de los efectos de la determinación SUP/REC/17/2025 de la Sala Superior del TEPJF, el Consejo General del Instituto emitió una resolución.
En ella determinó reponer el procedimiento respecto al plazo que se había otorgado para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en la Ley General de Partidos Políticos vinculada con el registro del PRD Ciudad de México.
La reposición del procedimiento, aseguró el IECM, se realizó tomando en cuenta los parámetros establecidos por la Sala Superior, quien resolvió que Nora Arias Contreras no contaba con personalidad y legitimación para realizar actos en nombre del PRD.
El 21 de abril, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) recibió diversos juicios mediante los cuales se impugnó esa resolución del IECM.
El 29 de abril, el TECDMX realizó una consulta de competencia a la Sala Superior del TEPJF, para que ésta determinara si correspondía al Tribunal Federal o al Local resolverlos.
El 28 de mayo, la Sala Superior del TEPJF resolvió que el asunto es competencia del TECDMX, por lo que ordenó reencauzar las demandas y devolverle las constancias para que el Tribunal Local las conociera y emita la respectiva resolución.
A la fecha, el TECDMX no ha emitido alguna determinación respecto del asunto y las impugnaciones se encuentran en estado de instrucción, es decir, están en la etapa de análisis para poder emitir una resolución.
IECM INTOLERANTE
El comunicado del IECM generó una reacción airada de parte de la diputada local perredista Nora Arias.
En un boletín dijo rechazar de manera categórica el contenido y tono del despacho de prensa emitido por la autoridad electoral, al representar un ataque injustificado, desproporcionado y parcial en contra de la militancia.
“Lamentamos profundamente que una institución que debe actuar con altura de miras se preste a emitir posicionamientos con claros tintes políticos, abandonando su deber de conducirse como árbitro electoral, y garante de los principios democráticos que rigen nuestra vida pública”, expresó la legisladora.
Insistió que el IECM no puede ni debe convertirse en un actor político, pues le corresponde, escuchar, rendir cuentas y garantizar los principios de certeza, legalidad y objetividad.
Agregó que como diputada ha señalado con argumentos jurídicos y políticos, lo que considera una actuación cuestionable por parte de algunas consejerías del Instituto, particularmente en lo relacionado con el proceso de la dictaminación del registro del PRD capitalino.
Exigió al IECM una rectificación pública de su comunicado, así como el respeto irrestricto a la libertad de expresión de las y los representantes populares.
Argumentó que la Sala Superior emitió el 28 de mayo un acuerdo donde nos reconoce a toda la dirigencia del PRD Ciudad de México debido a que el plazo concluyó el 30 de enero 2025.
Por ello, dijo, el IECM se excedió en sus facultades al otorgar un nuevo plazo que nunca mandató la Sala Superior.
