La Cámara de Diputados aprobó esta semana la reforma a la Ley de la Guardia Nacional, impulsada por Morena y respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum. El nuevo marco legal consolida a la Guardia bajo mando directo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), elimina su carácter civil y amplía facetas de vigilancia, inteligencia y participación política.
Lo que cambia:
• Militarización total: Ahora todos los elementos formarán parte del Ejército, vedando su perfil civil y con estructuras de mando y formación militar.
• Recopilación de datos sin salvaguardas: Se permite el uso de comunicaciones interceptadas, geolocalización de dispositivos y vigilancia encubierta, incluyendo “usuarios simulados”, sin controles judiciales robustos.
• Campo político abierto a militares: Con la “licencia especial”, guardias podrán ocupar cargos públicos, normalizando la presencia militar en la función política.
Riesgos latentes:
• Derechos civiles en jaque: Organizaciones como Article19 y México Unido Contra la Delincuencia alertan sobre espionaje, privación de privacidad y debilitamiento del debido proceso.
• Centralización autoritaria: PAN y PRI advierten que la reforma rompe los contrapesos y erosiona la Constitución, al incorporar prácticas inconstitucionales y consolidar el poder del Ejército dentro del Estado.
• Militarización institucionalizada: El paso de fuerzas civiles a militares para labor policial reproduce una estrategia que no ha demostrado éxito en reducir la violencia, más bien ha contribuido a abusos documentados.
Contexto general:
La presidenta Sheinbaum defendió que esta reforma es necesaria para reforzar la Estrategia Nacional de Seguridad, pactada con el Ejército, y para dotar a las fuerzas de herramientas más robustas.
Sin embargo, la aprobación se dio durante un periodo extraordinario y apresurado, sin debate social amplio.
Próximos pasos:
La iniciativa sigue su rumbo al Senado, donde podría aprobarse antes de terminar el periodo extraordinario.
El debate se centra en si el objetivo de seguridad justifica las consecuencias sobre las garantías ciudadanas.
