Sin intención de aplicar mano dura, ni operativos para su contención pues no se les busca criminalizar, el gobierno de Clara Brugada anunció una reforma a la Ley de Cultura Cívica para imponer arresto inconmutable de 36 horas contra franeleros que intimiden, coacciones o exijan pagos a automovilistas por estacionar, lavar o vigilar el vehículo en vía pública.
El arresto aplicará también cuando el franelero aparte espacios de la vía pública para coaccionar ese lugar como estacionamiento.
La jefa de Gobierno Clara Brugada firmó hoy la iniciativa de reforma a esa ley que enviará al Congreso capitalino para su aprobación.
Los policías actuarán de manera oficiosa, es decir, no será necesaria una denuncia de parte para actuar contra franeleros que exijan un pago por su “servicio”.
Solo en casos de acuerdo mutuo entre el franeleros y el automovilista, con un pago voluntario de parte de este último, no habrá infracción que perseguir.
SIN MANO DURA
Pero Brugada dejó en claro que el plan de su gobierno no es aplicar una lógica de castigar por castigar, pues la prioridad será el diálogo y la concertación con los grupos de personas que se dedican a esa actividad.
“No se trata de hacer operativos que quién sabe en qué terminen, sino una gran campaña de comunicación y dialogar, concertar, platicar con todos los grupos de personas cuidadoras de autos”, expuso la jefa de gobierno en conferencia de prensa.
Brugada agregó que la reforma a la Ley de Cultura Cívica irá acompañada por una política pública de capacitación para el trabajo, apoyos para emprendimiento y una campaña de concientización sobre el uso adecuado de la vía pública.
Para ello se realiza ya un censo de los franeleros que hay en la Ciudad.
LA SANCIÓN
Hoy la ocupación de la calle por parte de franeleros, con cubetas o utensilios para cobrar un espacio de estacionamiento, ya es una falta cívica, pero la sanción es inconmutable, es decir, con pagar una multa de mil 500 pesos o trabajo comunitario se puede evitar el arresto.
Ahora, con la reforma de ley que plantea el arresto inconmutable por 36 horas se impondrá la sanción más alta que se tiene en la Ley de Cultura Cívica, destacó Clara Brugada.
“Ni calles ni banquetas para control privado de quienes apartan lugares o para cometer otros delitos vinculados a esta actividad”, dijo.
Aunque enfatizó que no se pretende la criminalización de los franeleros, sí expuso que no habrá tolerancia en aquellos casos donde los “viene viene” cometan actos delictivos vinculados a su actividad.
Si cometen delitos como amenazas, golpes o robo ya no será una infracción, sino un delito, y tendrán que ser sancionados penalmente”, explicó.
LA REFORMA
La consejera Jurídica Eréndira Cruzvillegas Fuentes, expuso los alcances de la iniciativa de reforma a la Ley de Cultura Cívica.
Dijo que en un nuevo artículo 28 bis se especificará la seguridad ciudadana, con una fracción primera donde establecerá como infracción apartar con cualquier objeto un estacionamiento en vía pública.
Una segunda fracción se referirá a obstaculizar o impedir el uso del espacio público para estacionarse. La tercera fracción se refiere a exigir, coaccionar o intimidar de cualquier manera a una persona para obtener un pago por vigilar, cuidar y lavar vehículos.
En un artículo 31 se establecerá la infracción con el arresto de 36 horas, sin posibilidad de sustituir dicha medida por otra como el pago de una multa o trabajo comunitario.
¿Y LOS POLICÍAS?
Cuestionados sobre la forma que se controlará a la Policía para evitar que sean parte de esa forma de corrupción y sobre todo porque actuarán de oficio, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Pablo Vázquez salió en defensa de los uniformados.
Primero expuso que si se detecta una conducta delictiva o violatoria a la normatividad de la Secretaría, se procederá contra esos elementos.
No obstante, aseguró que este año se han incrementado las remisiones de personas que ejercen esta actividad, al elevar en más de 60% las remisiones.
De enero a junio de este 2025 se remitieron 1457 personas y es un 74% superior respecto al mismo periodo del año anterior.
“Pareciera que hay omisión o se cuida y se protege al franelero (de parte de la Policía) porque se le remite, pero al pagar la multa regresa a la calle y ahí se da esa percepción ciudadana de que hay corrupción o se facilita la actividad”, argumentó Pablo Vázquez.
