La llamada “Ley Armenta”, promovida en el Congreso de Puebla por el senador Alejandro Armenta, ha generado un fuerte rechazo por parte de activistas, periodistas y especialistas en libertad de expresión. La reforma plantea sanciones penales para quienes difundan contenido considerado “violento o difamatorio” en redes sociales, sin una definición clara de estos conceptos.
Expertos han advertido que la ambigüedad del texto permitiría criminalizar críticas legítimas contra funcionarios, medios de comunicación o ciudadanos. El Colegio de Abogados de Puebla y la Red de Derechos Digitales calificaron la iniciativa como “inconstitucional” y “un retroceso autoritario”.
El argumento oficial es que busca combatir la violencia digital, pero críticos apuntan que la redacción abre la puerta a una censura de facto. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha solicitado revisar la ley antes de que sea aprobada en el pleno.
Organizaciones como Artículo 19, Reporteros Sin Fronteras y la Asociación Mexicana de Internet piden frenar su avance y llevar el tema a la Suprema Corte, de ser necesario.
Armenta ha respondido que no pretende limitar la libertad de expresión, pero hasta ahora, su propuesta sigue generando rechazo masivo en redes, especialmente en X, donde se volvió tendencia nacional con la etiqueta #NoALaLeyArmenta.
