Mientras los alcaldes Gerardo Vargas Landeros (Ahome) y Jesús Estrada Ferreiro (Culiacán) enfrentan procesos legales por su presunta implicación en una red de corrupción, la empresa Casanova Vallejo, pieza clave en el esquema, continúa operando sin restricciones.
La compañía, propiedad de los hermanos Carlos y Joaquín Echenique Casanova, fue señalada por subarrendar, a través de Grinleasing SAPI de CV, un contrato de más de 171 millones de pesos firmado con el Ayuntamiento de Ahome. Esta acción derivó en el desafuero del alcalde Vargas Landeros y su exsecretario de Gobierno, Genaro García Castro, hoy diputado local.
De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Sinaloa, el expediente FGE/FECC/09/2024/CI detalla cómo Grinleasing no tenía la capacidad financiera ni operativa para cumplir con el contrato, por lo que recurrió a Casanova Vallejo como prestadora del servicio. La modificación posterior al contrato, aprobada por el propio Vargas Landeros para aumentar el número de patrullas de 126 a 135, agudizó las irregularidades.
A pesar de haber sido inhabilitada en 2022 por incumplimientos con el ISSSTE, Casanova Vallejo replicó el mismo esquema en Culiacán, donde, junto a Grinleasing, participó en un contrato de 117 millones de pesos para el arrendamiento de 40 camiones de basura durante la administración de Estrada Ferreiro. También en este caso, la Fiscalía encontró que los vehículos eran propiedad de Casanova Vallejo, y no de Grinleasing, como exigía el contrato.
La empresa logró revertir su inhabilitación mediante un amparo (juicio 1707/2022), cuya sentencia definitiva fue emitida en abril de 2024 por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa. El fallo, publicado el 27 de mayo en el Diario Oficial de la Federación, permitió a Casanova Vallejo volver a participar en licitaciones públicas.
Pese a las investigaciones y sanciones, la arrendadora ha mantenido su relación con el gobierno. Entre 2022 y 2025, firmó 84 contratos con dependencias federales por más de 519 millones de pesos.
La continuidad de Casanova Vallejo en el sector público, pese a su historial, subraya las debilidades en los mecanismos de fiscalización y contratación del país, dejando abierta la puerta a nuevas irregularidades bajo el amparo de la impunidad.
