El Congreso capitalino aprobó la tarde de este jueves una nueva Ley Ambiental de la Ciudad de México que le deja la puerta abierta al sector inmobiliario y a privados para el usufructo de la urbe, sobre todo en el suelo de conservación.
Se trata de una legislación que surgió en la oficina del actual jefe de Gobierno Martí Batres y llegó al Congreso local el pasado 21 de marzo, en plenas campañas electorales.
Hace tres días se aprobó en comisiones el dictamen respectivo y hoy, en un periodo extraordinario de sesiones, el decreto quedó avalado en un mero trámite, ante una tímida oposición que mostraron los legisladores del PAN.
Con 39 votos a favor de la 4T y 11 en contra de los diputados panistas el decreto se remitió al jefe de gobierno para su promulgación.
ACTIVA ALERTAS
El contenido de esa nueva legislación ambiental activó las alertas de activistas y organizaciones vecinales como el Colectivo Claudia Cortés y el Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios de la Cuenca del Anáhuac, que desde hace dos días alertaron sobre el contenido nocivo de dicha normatividad.
De entrada, denunciaron que el capítulo de “actos administrativos traducidos en permisos” permite la explotación y privatización de espacios para fines turísticos y lucrativos asignados a la Secretaría de Medio Ambiente dentro de las áreas naturales protegidas.
Así, en el artículo 88 se le dan atribuciones a la Sedema para que “en los inmuebles que le hayan sido previamente asignados, podrá celebrar actos administrativos traducidos en permisos con terceros, con el objeto de otorgar el uso, goce, aprovechamiento y en su caso explotación”.
La Sedema podrá otorgar esos permisos a título oneroso o gratuito a personas físicas, morales y entes públicos, para el uso, goce, aprovechamiento o explotación de los espacios dentro de las Áreas Naturales Protegidas, de Valor Ambiental, Áreas Verdes, Suelo de Conservación y unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre.
FLEXIBILIZACIÓN
A través de su artículo 96, la nueva Ley abre la posibilidad de flexibilizar los criterios para modificar o intervenir el suelo de conservación, pues se podrán determinar “actividades permitidas en suelo de conservación” tomándose en cuenta su uso actual y potencial.
También se elimina el Programa de Ordenamiento Ecológico como instrumento de política ambiental en la ciudad, lo que a decir de estos colectivos elimina la prohibición de reducir el suelo de conservación y flexibiliza la posibilidad de talar árboles en ese suelo.
Acusaron que el nuevo decreto legaliza la simulación del llamado “proceso de consulta vecinal para grandes construcciones”, pues en realidad consiste en la realización de estudios de impacto social ordenados por el propio constructor.
Acusaron que con este mecanismo se pretende sustituir el proceso de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada reconocido a los pueblos y barrios originarios.
Desde el artículo 3 se matiza ya la intención y alcance de la consulta vecinal para grandes construcciones.
La definición legal que ahí se señala establece que se debe presentar un proyecto a los habitantes y usuarios del Área de Influencia Social del mismo, para obtener su opinión sobre los impactos generados en materia socioambiental y la manera de atenderlos a través de la construcción de acuerdos sociales.
Este Proceso se realiza a costa del Promovente para lo cual deberá contratar a un Tercero Especializado en materia de evaluación de impacto socioambiental; siendo facultad de la Secretaría la supervisión y validación del mismo.
SIN PUEBLOS NI BARRIOS
Los colectivos vecinales también denunciaron que la nueva Ley Ambiental plantea la existencia de un Consejo Asesor, en el que no se incluye la obligación de incluir a pueblos y barrios.
Además, nunca se establece la necesidad de someter a consulta la Ley con pueblos y barrios originarios, pese a que se trata de una normatividad que incide en los territorios.
OPOSICIÓN
Durante la discusión del dictamen, las únicas diputadas que subieron a tribuna para hablar en contra fueron las panistas Daniela Álvarez y Gabriela Salido.
Álvarez acusó que la nueva ley representa una abierta violación a los derechos de los pueblos y barrios originarios, pues nunca han sido escuchados.
Gabriela Salido hizo un recuento de las deficiencias de forma y fondo contenidas en el dictamen, como el hecho de que nunca reunión técnica previa para analizar el contenido del documento.
La nueva Ley tampoco tiene un estudio de impacto presupuestal y no contempla un artículo que dé origen a la PAOT, lo que sí estaba previsto en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra y que quedará derogada con esta normatividad.
Así, fustigó, ya no se reconocen los derechos de la tierra, ni siquiera de manera enunciativa y solo se vincula un artículo con el Sistema de Planeación de la Ciudad.
En ninguna parte de la nueva norma se hace referencia a la Ley de Ordenamiento Territorial, la cual no ha sido aprobada en el Congreso y representa la gran deuda de los legisladores para con la CDMX.
También se elimina de facto el Programa General de Ordenamiento Ecológico (PGOE) cuando ni siquiera se cuenta con el Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT).
