A partir del 21 de septiembre el Congreso capitalino comenzará con foros de análisis y discusión en cada una de las 16 alcaldías respecto al proyecto del Plan General de Desarrollo (PGD) y del Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT).
Los foros serán parte del proceso legislativo que seguirán los diputados locales para elaborar el dictamen de ambos planes urbanos, sin que ello esté exento del rechazo ciudadano a la aprobación de estos documentos.
En conferencia, el diputado del PRD y presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana Víctor Hugo Lobo, explicó que la intención es tener los dictámenes en el mes de octubre.
Adelantó que tanto el PGD como el PGOT tendrán cambios respecto al proyecto original que les remitió Claudia Sheinbaum antes de abandonar el GobCDMX.
Es decir, no aplicará la afirmativa ficta.
“Por supuesto que le vamos a meter mano de acuerdo a lo que los ciudadanos nos planteen, y no, no va a aplicar la afirmativa ficta. Estamos pensando tener para octubre el dictamen”, dijo Lobo.
Añadió que en los próximos días, junto con los diputados de las comisiones de Desarrollo y de Planeación se acordará y aprobará el calendario a seguir para visitar cada una de las alcaldías.
USOS DE SUELO
El diputado perredista también adelantó que desde la comisión que preside se preparan 22 dictámenes en sentido negativo para rechazar igual número de “iniciativas ciudadanas” respecto a cambios de uso.
Recordó que hasta el momento solo se han aprobado cambios de uso de suelo relacionados con servicios educativos.
«Sobre los usos de suelo, si bien es un derecho que tienen los ciudadanos, el buscar alguna adecuación que empate con el entorno, hemos escuchado la voz vecinal que se exprese en sentido contrario para respaldarla», añadió Lobo.
Presente en la conferencia, el alcalde en Miguel Hidalgo Mauricio Tabe acusó que desde el gobierno de la Ciudad “han comenzado a autorizar como locos” nuevos desarrollos inmobiliarios.
Expuso que esos desarrollos generan muchas afectaciones, sin que la alcaldía y los vecinos reciban algo a cambio.
Por ello insistió sobre una reforma legal para que un 20 por ciento del predial generado por los nuevos desarrollos inmobiliarios se quede en la demarcación.
Durante la conferencia y en compañía de los alcaldes de la UNACDMX, los cuatro legisladores locales del PRD presentaron su agenda legislativa para el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Ciudad que inició el pasado viernes 1 de septiembre.
CIUDADANOS VIGILANTES
Mientras los legisladores preparan foros en alcaldías, diversas organizaciones vecinales, colectivos, así como representantes de pueblos y barrios originarios de la Ciudad iniciarán brigadas de difusión y vigilancia en el Congreso local para evitar la aprobación del PGD y el PGOT.
Reunidos en torno al Encuentro de Pueblos y Colonias en Resistencia de la Ciudad de México, los ciudadanos acordaron establecer presencia física en las escalinatas del Legislativo durante los martes y jueves, es decir, cuando hay sesión del Pleno.
La intención es presionar a los diputados para que rechacen los planes urbanos.
Además, las comisiones vecinales “no pretenden entablar un diálogo con grupos parlamentarios o incentivar un contexto de parlamento abierto, lo que se busca es el rechazo total a este documento y para ello no se requiere una negociación o diálogo”, expusieron los convocantes.
Los vecinos empezaron este martes 5 de septiembre con las brigadas de vigilancia en las escalinatas del recinto de Donceles y Allende, en donde colgaron lonas en los que se leía: “No al PGD” y “No al PGOT”.
Además de la presencia física en el Congreso, desde este colectivo de Encuentro de Pueblos y Colonias en Resistencia acordaron que también enviarán correos electrónicos de forma individual a los legisladores para que rechacen los planes urbanos.
A través de un comunicado, recordaron que desde diciembre de 2022 se gestó un rechazo al proceso de consulta de esos documentos por carecer de lineamientos básicos para ser un instrumento de ordenamiento del territorio.
Agregaron que el Plan, pero sobre todo el Programa, carecen de una definición clara sobre cómo se regularán los usos de suelo, hay ambigüedades en conceptos como “infraestructura del bienestar” y se presentan indicadores desvinculados a derechos medioambientales.
