Personas afectadas por casos de despojo relacionados con el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI), acusaron actos de corrupción, conflicto de interés y desvío de recursos.
En el entramado de ilegalidad señalaron al director ejecutivo del INVI, Rodrigo Chávez Contreras, quien supuestamente ha destinado recursos y aprobado proyectos a favor de su hermana Esperanza, a través de la asociación MUHL.
Durante una conferencia en el Congreso capitalino, los denunciantes compartieron sus experiencias de lucha contra la opacidad y la inacción de las autoridades.
Hablaron sobre historias de años con trámites legales estancados y luchas infructuosas por mantener sus propiedades.
Rigel Osorio Sierra compró una casa en la colonia Providencia, Gustavo A. Madero, solo para perderla dos años después debido al despojo.
La problemática se extiende a más de 30 casos identificados, muchos de los cuales ya han sido presentados en los tribunales o están en proceso de serlo.
Carlos Ruiz de Teresa es un propietario que ha presentado múltiples denuncias por despojo desde 2006.
Llevó 14 meses esperando progresos en su último caso, con ocho fiscales diferentes y un expediente extenso.
Acusó que las autoridades parecen considerar a invasores ilegales como propietarios legítimos en algunos casos.
PUNTO DE ACUERDO
La diputada panista Daniela Alvarez Camacho presentó hoy un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso local para tratar esta problemática.
Exhortó a realizar una investigación exhaustiva sobre el INVI, debido a la gran cantidad de casos sin resolver y la aparente falta de interés en abordar el problema.
Cómo era de esperarse, la bancada de Morena impuso su mayoría para impedir la aprobación del punto de acuerdo.
En su punto de acuerdo Daniela Álvarez propuso que el contralor general de la CDMX, Juan José Serrano, realice investigaciones detalladas sobre posibles actos de corrupción, tráfico de influencias, conflicto de intereses y desvío de recursos a través de organizaciones vinculadas al despojo de propiedades.
“Buscamos viviendas dignas para quienes las necesitan, pero sin afectar a terceros ni llevar a cabo operaciones en la sombra», expresó la legisladora.
También señaló la existencia de una red que involucra al director ejecutivo del INVI, Rodrigo Chávez Contreras, quien supuestamente ha destinado recursos y aprobado proyectos a favor de su hermana Esperanza Chávez, a través de la asociación MUHL.
