Concesionarios de transporte público vinculan a Jesús Padilla Zenteno con la creación de un monopolio en la Ciudad de México, en complicidad con funcionarios de la SEMOVI.
Así lo afirmó Francisco Santos, concesionario de la ruta 36.
“El señor Jesús Padilla Centeno se encuentra en varios corredores, en varias empresas se encuentra él (…) es un monopolio que se está formando” , acusó Santos.
Comentó a Capital CDMX, que estos actos se hacen violando la ley, ya que un transportista solo tiene permitido obtener cinco concesiones.
SEMOVI OMISA
El representante de la ruta 36, acusó que estas prácticas están permitidas por funcionarios de la SEMOVI.
En junto con representantes de las rutas 81, 15, 57, 84, 12, 2, 1, exigió la revisión de todas las actas constitutivas de los corredores zonales en los que participa Padilla.
Los concesionarios tendrán mañana martes una reunión con el Subsecretario de Gobierno, Inti Muñoz Santini, en el palacio de gobierno de la CDMX, para resolver esta situación.
Además, piden la renuncia del Subsecretario de Transporte, Luis Ruiz Hernández y de Carlos Arturo Gutiérrez Alcalde, Jefe de licencias y concesiones, por permitir estas prácticas.
Santos añadió que insistirán con el diálogo con las autoridades.
“Creemos que el diálogo es lo principal, nada más llevamos bastante tiempo, donde siempre nos hacen ver que somos una minoría, no nos han tomado la atención correspondiente”, dijo.
TODO A PADILLA
Diego Rodríguez, representante de la ruta 2, explicó cómo el gobierno de la ciudad les impide trabajar, solo para beneficiar a Padilla.
Rodríguez y otros concesionarios estuvieron en contra de la formación de una empresa de transporte, en cuya acta constitutiva solo se reconocieron siete de 214 concesionarios que la conformaron.
“Somos transportistas de ruta 2, que va de metro Chapultepec a Tlalnepantla, Estado de México.
“En el 2018 hubo una conformación para una empresa, la cual no todos estuvieron conformes”, recordó.
La SEMOVI todavía reconoce las concesiones individuales de los transportistas y, a pesar de eso, a la ruta 2 no le permite usar las unidades nuevas que adquirieron en el programa de chatarrización.
Así, todavía mantienen la deuda con la que compraron los camiones, los cuales, desde 2021 siguen parados en sus bases.
“Nos están violando nuestro derecho al trabajo, tenemos nuestras concesiones actualizadas, que ellos mismo nos actualizaron y a su vez no nos dejan trabajar”, agregó Rodríguez.
Para no competirle a la empresa de Padilla son hostigados con el envío de la fuerza pública y con funcionarios del Instituto de Verificación Administrativa de la CDMX.
La empresa, cuyo nombre es SIMESA, hizo efectivos los bonos de chatarrización de las 214 concesionarias, inició operaciones con 90 unidades y de ellas solo el 50 por ciento está en circulación.
