Transportistas de las rutas 12, 84 y 91 acusaron al titular de la Semovi, Andrés Lajous, así como a otros funcionarios de la dependencia, de cometer un fraude por 158 millones de pesos con los bonos que se entregan a concesionarios para la chatarrización de unidades viejas.
Por esa razón, la representación legal de los transportistas interpuso denuncias penales contra Lajous, contra el titular del Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público (Fifintra), Emiliano Zepeda, y contra el Director de Operación y Licencias de Transporte de Ruta de la Semovi, Carlos Arturo Gutiérrez Alcalde.
En la denuncia incluyeron a Ariel López Tapia, a quien acusaron de ostentarse ilegalmente como representante de las rutas señaladas y que ahora son parte de la empresa Autobuses Barrios Culhuacán.
La denuncia penal incluye a Miguel Ochoa Morales, representa de la empresa Camiones y Tractocamiones de Michoacán, pues a decir de los denunciantes, esa firma recibió de manera indebida los recursos que eran parte de los bonos de chatarrización.
Los transportistas interpusieron las denuncias en la Fiscalía Anticorrupción de la CDMX y en la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos.
PROTESTA Y CONFERENCIA
Unos 30 transportistas de esas rutas, junto con operadores de las rutas 57, 15, 36 y 88 realizaron un bloqueo en el cruce de avenida Álvaro Obregón e Insurgentes, colonia Roma.
De ahí se trasladaron a la sede de la Semovi, ubicada a dos cuadras del lugar, para llevar a cabo una clausura simbólica del edificio de la dependencia y ofrecer una conferencia de prensa.
Durante la conferencia, el abogado de los transportistas Arturo Toscano Mejía, expuso que entre los delitos cometidos por Lajous y los otros señalados se configuran el de enriquecimiento ilícito, fraude en pandilla, asociación delictuosa, cohecho y uso indebido de atribuciones y facultades cometido por servidor público.
LOS HECHOS
El Abogado Arturo Toscano recordó que a través de Fifintra se otorga a transportistas un bono para la chatarrización de microbuses y autobuses viejos que asciende a 450 mil pesos por unidad.
Sin embargo, expuso que la Semovi impuso reglas unilaterales para acceder a ese bono y determinó como nuevo requisito que los concesionarios deben asociarse y crear sociedades anónimas mercantiles a fin de obtener ese apoyo.
De acuerdo con el litigante, las autoridades de la Semovi violaron el derecho a la libre asociación consagrado en la Constitución, pues imponen que los transportistas deben agruparse y crear una sola empresa.
¿DIRIGENTE ESPURIO?
Arturo Toscano también explicó que el pasado 3 de enero se realizó una asamblea de las rutas 12, 84 y 91 a fin de crear la elegir a la mesa directiva de la nueva empresa de transporte.
Derivado de esa asamblea ganó Ariel López Tapia el cargo de presidente de la mesa directiva de esa empresa a la que se denominó Autobuses Barrios Culhuacanes.
El siguiente pasó que debió tomar López Tapia fue protocolizar el acta constitutiva de la empresa y convocar a otra asamblea con los transportistas para generar los estatutos de la compañía a fin de formalizar la creación de la firma.
“Pero Ariel López nunca fue al notario para formalizar la creación de la empresa Autobuses Barrios Culhuacanes”, explicó el abogado.
Agregó que desde noviembre de 2022 López Tapia ya se ostentaba como representante de los 303 permisionarios, con un acta constitutiva registrada en Puebla y con un consejo de administración compuesto por cuatro personas más.
LA COMPLICIDAD
El abogado detalló que con ese documento, la Semovi le facilitó a Ariel Tapia inscribirse como legítimo fideicomitente para poder acceder a los bonos de chatarrización.
Con las facilidades y autorizaciones que le brindaron Lajous, el director de Fifintra Emiliano Zepeda y el Director de Operación y Licencias de Transporte de Ruta Carlos Arturo Gutiérrez Alcalde, comenzó a orquestarse el fraude, detalló el litigante Arturo Toscano.
Acusó que las autoridades capitalinas avalaron la falsa representación de los transportistas.
Dijo que el 13 de enero, apenas 10 días después de su designación como presidente de la empresa Autobuses Barrios Culhuacanes, Tapia firmó un contrato de compra-venta con la empresa Camiones y Tractocamiones de Michoacán para la compra de 76 autobuses Mercedes Benz modelo 2023, por un monto total de 158 millones de pesos.
A decir, del abogado cada autobús se adquirió a un sobre costo de 2 millones 90 mil pesos, pues su valor de mercado es de un millón 800 mil pesos por unidad.
A fin de formalizar y asegurar el contrato, se otorgó un enganche por 61.2 millones de pesos a la firma Camiones y Tractocamiones de Michoacán.
El dinero para ese enganche provino de los bonos de chatarrización que las autoridades de Fifintra y Semovi autorizaron y comprometieron, es decir, se trata de recurso público dijo el abogado.
BUSCAN CONFUNDIR
Durante la conferencia, el litigante expuso que sus representados no se oponen a convertirse en una empresa de transporte y negó la versión oficial en el sentido de que esta protesta es resultado de un conflicto interno entre representaciones antagónicas de las rutas 12, 84 y 91.
Expuso que en ninguna de las actas constitutivas relacionadas con la creación de la empresa Autobuses Barrios Culhuacanes se puede demostrar que los transportistas son accionistas de dicha compañía.
RESPONDE SEMOVI
Mientras los transportistas realizaban su protesta y su conferencia, la Semovi emitió una tarjeta informativa en la cual calificó de absolutamente falsas las aseveraciones de los inconformes.
Reiteró que la protesta obedece a conflictos internos entre los transportistas y aseguró que los grupos inconformes son minorías dentro de sus respectivas rutas.
Según la Semovi, en el caso de la empresa zonal en Culhuacanes se contó con la participación de 141 concesiones y 95 concesionarios de las rutas 12, 84 y 91 en el proceso de chatarrización, así como en la conformación de la empresa denominada Autobuses Barrios Culhuacanes.
Recordó que efectivamente el pasado 3 de enero, esta empresa sostuvo una asamblea con todos los concesionarios que recibieron un bono de chatarrización y sus representantes, para elegir a su mesa directiva.
Se presentaron dos planillas, una encabezada por Ariel López y otra por Ignacio Hernández.
El resultado de la votación fue 81 en favor de la planilla encabezada por López y 54 en favor de la planilla encabezada por Hernández.
Al no resultar electo, este último solicitó la creación de una empresa paralela, hecho que le fue negado por la Semovi, de acuerdo con la normativa vigente.
La Semovi también facilitó el acta constitutiva de la empresa “Autobuses Barrios de Culhuacán”, certificada ante el notario 96 de la CDMX Mauricio Martínez Rivera.
LA RUTA 57
En la protesta de hoy participaron también operadores de la Ruta 57 que opera en la zona de Las Águilas-Centenario, en la alcaldía Álvaro Obregón.
Los transportistas se oponen al proceso para la conversión en una empresa de transporte.
En ese caso, la Semovi recordó que la ruta 57 enfrenta un sinnúmero de quejas por parte de los usuarios y que incluyen hasta accidentes de tránsito con pasajeros lesionados.
En agosto de 2022 se inició su proceso de modernización y la mayoría de los concesionarios de la Ruta 57 y un ramal de la Ruta 15 decidieron en asamblea, con todos sus integrantes, conformar una empresa de transporte.
Sin embargo, un grupo con 30 concesiones pretende formar otra empresa en el mismo recorrido, pese a que la declaratoria de necesidad establece que para poder prestar servicio no debe haber unidades compitiendo entre ellas.
“Este grupo minoritario está conformado por integrantes de una familia que tiene diferencias con la dirigencia de la Ruta 57, principalmente por la falta de pago de cuotas como integrantes de la asociación civil a la que pertenecen”, señaló la Semovi.
