El jueves 12 de enero Viviana Salgado fue detenida y luego exhibida por la Fiscalía capitalina, que la acusó de sabotaje por supuestamente arrojar las aspas de una lavadora a las vías del Metro.
Derivado de ello la mujer estuvo presa en Santa Martha Acatitla, imputada por el delito de ataques a las vías de comunicación.
Hoy exige la reparación del daño psicosocial y económico, así como una disculpa pública por autoridades del GobCDMX.
SIN PRUEBAS
A finales de enero la Fiscalía determinó que no contaba con elementos de prueba suficiente para proceder contra Viviana y quedó libre, absuelta de todo delito.
Ahora la mujer de 41 años acusó que enfrenta secuelas familiares, económicas, sociales y de salud. Por ello pidió a la Comisión de Derechos Humanos local investigar el abuso y violación de sus garantías.
Viviana Salgado recurrió al abogado Teófilo Benítez, representante jurídico de víctimas de las tragedias ocurridas en las líneas 3 y 12 del Metro.
Con la asesoría del litigante, la mujer acusó que el papel de la Fiscalía fue más allá de una acusación y con elementos falsos pretendió dejarla en prisión para justificar los supuestos actos de sabotaje en el Sistema de Transporte Colectivo.
Denunció que enfrentar a las autoridades en la situación de vulnerabilidad y desventaja en la cual se encontraba le dejó un severo estrés postraumático que complicó su salud, debido a la hipertensión arterial que padece.
“Al Metro ya no nos vamos a subir, tenemos miedo, nos dejaron como delincuentes a mi familia y a mí, como los peores.
“Ahora resulta que soy la delincuente número uno y todo por ser pobre, por eso me mandaron a la cárcel, se ensañaron conmigo, fui su experimento en todos los problemas que tiene el Metro”, dijo Viviana.
VIOLACIÓN AL PROCESO
El abogado Teófilo Benítez explicó que en este caso se generó una violación al debido proceso, la cual debe ser motivo de una profunda investigación por la Comisión de Derechos Humanos.
Esto debe ser así, agregó, por la calidad de mujer vulnerable, pues Viviana carece de recursos y de conocimiento para establecer una debida defensa.
Benítez destacó que el Poder Judicial mostró sensibilidad y aceptó el desistimiento de la Fiscalía que pretendió, en un inicio, ir a un proceso penal sin las pruebas necesarias para imputar a su representada.
Pero dijo:
“Una vez más la Fiscalía de Ernestina Godoy criminalizó la pobreza y a pesar de la inexistencia de pruebas motivó a que un juez de Control la vinculara a proceso sin sustento.
“Lo anterior es equiparable al sistema inquisidor en el que primero se detenía a la persona y posteriormente se investigaba si era culpable”.
Agregó que el daño de Ernestina Godoy y de la Fiscalía hacia Viviana Salgado fue la pérdida de su empleo, debido al estigma social contra ella y sus dos hijos, lo cual dificulta aún más su situación familiar.
El penalista pidió a Nashieli Ramírez, presidenta de la CDHCDMX asumir su función de proteger a las mujeres y a las víctimas del abuso del poder, sin encubrir por cuestiones ideológicas o
políticas a quienes ejercen esa violencia so pretexto de aplicar la ley.
Lamentó también las declaraciones del director general del Metro, Guillermo Calderón, al acusar a Viridiana de saboteadora y delincuente.
