El proyecto del Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT) que hoy está en consulta pretende restarle 29 mil 393 hectáreas al suelo de conservación ecológica de la Ciudad, para permitir ahí el desarrollo urbano y la especulación inmobiliaria.
Las alcaldías afectadas con la pérdida de ese suelo serán Milpa Alta, Tlalpan, Xochimilco, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Tláhuac.
Así lo alertaron integrantes de colectivos, vecinos y representantes de asociaciones civiles en una conferencia de prensa.
Anunciaron que para detener el proceso de consulta del PGOT y de Plan General de Desarrollo que realiza el Instituto de Planeación interpondrán amparos y juicios para la tutela de derechos.
Denunciaron que el proyecto del PGOT contiene muchas inconsistencias y lo más grave es que presenta mapas con información que no corresponden a la realidad.
MAPA ALTERADO
El uso de información falsa para someter a consulta el PGOT fue un tema que señaló Luis Miguel Robles Gil, de la asociación civil Maderas del Pueblo del Sureste.
En la conferencia acusó que el Instituto de Planeación presenta un mapa en donde se muestran los asentamientos humanos irregulares en suelo de conservación.
Pero ese mapa señala erróneamente con color rojo y de forma alterada los supuestos puntos donde se encuentran esos asentamientos.
Al observar el mapa, explicó Robles Gil, se genera la falsa percepción de que al menos la mitad del suelo de conservación ecológica está invadido y con tendencia a la urbanización, lo cual es mentira.
Durante la conferencia dio a conocer un mapa obtenido por él mismo en el propio Instituto de Planeación, en el cual se señalan los sitios reales de esos asentamientos irregulares.
En ese otro mapa los asentamientos también aparecen coloreados en rojo, pero su ubicación no se observa tan saturada ni extendida en la zona boscosa de la Ciudad.
Estimó que existen realmente 900 asentamientos humanos irregulares en 3 mil hectáreas de suelo de conservación, pero solo representan una tercera parte del nuevo suelo rural que se creará.
El problema de esa información imprecisa, agregó, es que la misma se presenta en las reuniones que funcionarios del Instituto de Planeación sostienen con habitantes de pueblos y barrios de la Ciudad.
En esas reuniones se firman protocolos de consulta para buscar la validación del PGOT y del Plan General de Desarrollo.
Para el representante de Maderas del Pueblo del Sureste esa información alterada reafirma la hipótesis de que la estrategia de las autoridades es “darle una mordida al suelo de conservación para permitir el desarrollo urbano”.
ORDENAMIENTO ECOLÓGICO, LETRA MUERTA
Miguel Ángel García, también integrante de Maderas del Pueblo del Sureste, recordó que desde el 1 de agosto de 2000 está vigente el Programa General de Ordenamiento Ecológico.
Ese Programa se creó durante el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas y su realización requirió de consultas y un trabajo de expertos que tomó de 1998 a 2000.
El problema es que a partir de diciembre de 2000 el Programa General de Ordenamiento Ecológico dejó de aplicarse y fue por decisión del jefe de gobierno entrante Andrés Manuel López Obrador.
Esa vez AMLO impuso la aplicación del bando 2 que propició la invasión de la zona de reserva ecológica del DF, recordó Miguel Ángel García.
DESDE LA CONSTITUCIÓN
Luis Miguel Robles Gil detalló que desde la Constitución de la CDMX viene establecida la zonificación primaria para la urbe.
Se trata del suelo urbano, suelo de conservación y el nuevo suelo rural, sin embargo, la misma Constitución no determinó qué superficie iba a ser para suelo rural.
Esa ambigüedad, explicó, ha servido para generar un proyecto del PGOT que privilegia la urbanización y actividades que afectarán la zona boscosa con prácticas como la agroecología.
Se incluyen en el suelo rural Áreas de Gestión Territorial (AGT) para la incorporación de equipamiento, servicios públicos y movilidad activa.
Dijo que incluso se habla de aprovechamiento forestal sustentable con miras a un usufructo maderable, olvidándose que desde 1947 hay una veda forestal en los bosques de la Ciudad.
Alertó sobre el grave impacto hídrico que tendrá la conversión de más de 29 mil hectáreas de suelo de conservación a suelo rural.
Recordó que 42 por ciento del agua de la CDMX viene del suelo de conservación, la cual se infiltra luego de las lluvias en zonas de alta permeabilidad localizadas precisamente en ese suelo rural que tendrá el destino fatídico de la urbanización.
ESTRATEGIA LEGAL
Sobre la estrategia legal habló Alejandro Velázquez, integrante de la Coordinación de Pueblos, Barrios y Colonias de Xochimilco.
Dijo que por un lado se interpondrán amparos, pero también juicios para la tutela de derechos humanos ante Juzgados de Tutela.
Detalló que ambos recursos se interpondrán contra el procedimiento de consulta que realiza el Instituto de Planeación en pueblos y barrios originarios, así como por la forma en la que se han consultado tanto el PGOT como el Plan General de Desarrollo.
Buscarán la impugnación de los protocolos que el Instituto de Planeación firma con pueblos y barrios.
Recordó que de acuerdo con la Ley de Planeación, primero debió presentarse y someterse a consulta el Plan General y luego el PGOT.
Así, dijo que no esperarán hasta que ambos documentos queden aprobados en el Congreso capitalino.
Explicó que como argumento legal se apegarán a lo establecido en la Ley Ambiental de la CDMX, la cual prohíbe cualquier tipo de urbanización en el suelo de conservación.
Acusó que si se concreta el cambio a suelo rural, ese territorio quedará desprotegido y se abrirá a la especulación inmobiliaria.
CONSULTA A MODO
Carmen Chavarría, del Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos, criticó que el Instituto de Planeación realiza hoy consultas a modo para validar los proyectos del PGOT y del Plan General.
Denunció que el Instituto firma los protocolos de la consulta con individuos que carecen de representatividad.
La estrategia del Instituto es acercarse a uno o dos integrantes de las Comisiones de Participación Comunitaria o con algunos vecinos y con ellos toman decisiones que le corresponderían a todo un pueblo o barrio.
Dijo que son las asambleas de ejidatarios o comuneros las únicas facultadas para aceptar cambios en los usos de suelo.
Así, expuso que esa estrategia causa preocupación por el hecho de que el próximo 26 de noviembre el Instituto realizará asambleas en todas las colonias y pueblos de la Ciudad.
En esas asambleas busca avalar el Plan y el Programa, pero sin información previa ni difundida ampliamente en todas las unidades territoriales.
“Pareciera que las asambleas son solo un trámite con el que se busca generar la opinión pública de que todos estuvieron de acuerdo con la propuesta.
“Cuando la realidad es que gran parte de la ciudadanía desconoce que se están sometido a consulta ambos documentos”, agregó Carmen Chavarría.
EL FACTOR AIRBNB
La activista acusó que incluso el PGOT abre la puerta a la voracidad de esquemas gentrificadores como Airbnb.
Dijo que el plan es descentralizar la actividad turística al crearse destinos “emergentes”, 35 de ellos en diversas partes de la Ciudad como las alcaldías de la periferia.
Para ello, reveló, se propone modificar el artículo 35 de la Ley de Establecimientos Mercantiles.
La intención de esa reforma es que el hospedaje en casa habitación sea categorizado como de bajo impacto, en un claro mensaje para legalizar las prácticas de la empresa Airbnb.
Alertó que el PGOT genera figuras como nuevas centralidades en San Antonio Tecómitl y San Miguel Topilejo que podrían afectar de forma grave la existencia de esos pueblos.
Por todos estos motivos, anunció, realizarán una manifestación el próximo jueves 10 de noviembre en las oficinas del Instituto de Planeación.
Además, los colectivos, asociaciones y vecinos participantes impulsarán una campaña contra lo que denominan Ciudad Mercancía.
CIUDAD MERCANCÍA
Natalia Lara, del Encuentro de Pueblos y Colonias en Resistencia de la CDMX se refirió a esa estrategia gubernamental por crear la Ciudad Mercancía.
Acusó que existe una tendencia por impulsar proyectos con una visión de gentrificación y no de derechos.
Como ejemplos mencionó los casos del Proyecto Mítikah en el pueblo de Xoco y el Conjunto Estadio Azteca.
Lamentó que los corredores urbanos definidos por la administración local están enfocados a facilitar la explosión inmobiliaria y esquemas como Airbnb que abonarán a la crisis de vivienda.
“Por eso la denominados Ciudad Mercancía”, dijo Natalia Lara al advertir que la consulta al PGOT y al Plan General está enfocada a generar la percepción de que no hay otro modelo de Ciudad.
La prioridad gubernamental, lamentó, es generar la sostenibilidad de modelos financieros y no la sostenibilidad de modelos de vida.
