La tala clandestina sigue incontenible en los bosques del sur de la CDMX y con ello la violencia de los talamontes, que se tradujo ayer en un ataque armado contra brigadistas ambientales de San Miguel Topilejo.
El ataque, respaldado presuntamente por policías del estado de Morelos, dejó un brigadista herido.
En un comunicado de prensa, los integrantes de Bienes Comunales de San Miguel Topilejo, narraron la forma en la que fueron atacados.
EL ATAQUE
A las 5:30 horas de éste 2 de noviembre, 30 brigadistas ambientales de San Miguel Topilejo salieron en cuatro grupos a hacer recorridos de vigilancia en la zona boscosa de los bienes comunales.
El destino del recorrido era un paraje llamado “Desparramadero”, ubicado a la altura del kilómetro 45 de la carretera libre México-Cuernavaca.
Sin embargo, aproximadamente a las 6:00 horas, a la altura del kilómetro 44 de esa carretera, los brigadistas observaron luces de lámparas en el bosque.
Posteriormente se encontraron de frente con una patrulla de doble cabina con logotipos del estado de Morelos.
Desde ese vehículo otros sujetos comenzaron a disparar con armas largas hacia los brigadistas.
A los pocos minutos, de los caminos del bosque salió una camioneta de plataforma con trozos de árboles, la cual era custodiada por la patrulla de Morelos.
Desde esa camioneta de plataforma también comenzaron a disparar hacia los brigadistas.
UN HERIDO
Ante los disparos, los brigadistas buscaron resguardo, pero uno de los habitantes de Topilejo se dio cuenta que uno de sus compañeros fue alcanzado por las balas.
Al herido lo trasladaron al Hospital General de Topilejo, donde fue intervenido quirúrgicamente y se le reportó delicado pero estable.
Los integrantes de los Bienes Comunales hicieron un enérgico llamado al gobierno federal y al de la Ciudad de México para que atiendan este problema.
“Hoy tenemos a un compañero herido no queremos tener muertos.
“Llevamos más de dos años denunciando la tala ilegal de nuestros bosques, llevamos casi 200 denuncias y no hay acciones que reflejen la atención a esta grave situación”, dijeron.
ES TEMA FEDERAL
Sobre el ataque armado, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum expuso esta mañana que el problema de la tala clandestina es un delito federal.
Agregó que buscará a la secretaria de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez.
Esto porque muchos de los talamontes que actúan en los bosques de la Ciudad provienen de otras entidades.
Aunque la tala no se ha detenido, aseguró que su administración junto con la Sedena y la Guardia Nacional, han realizado brigadas permanentes con cierres al bosque en la carretera federal a Cuernavaca.
“En este tipo de delitos es muy importante la presencia de la Sedena y de la Guardia Nacional”, agregó Sheinbaum en conferencia de prensa.
Cuestionada sobre el ataque armando que sufrieron los brigadistas, dijo que el tema se trató esta mañana en el gabinete de Seguridad.
Pero insistió en que buscará a las autoridades federales para instalar una mesa de trabajo.
La idea es lograr un trabajo integral de atención a la tala en los bosques del sur de la Ciudad.
Añadió que también buscará al gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco, pero precisó:
“A ver, el delito de tala clandestina en los bosques es un delito federal, por eso actúa la Profepa”.
Así, aceptó que se necesita mucho mayor coordinación para atender ese ilícito.
PALIATIVO
Mientras la violencia escala en la zona boscosa afectada por la tala, en el Pleno del Congreso capitalino está pendiente de aprobarse una reforma al Código Penal que establece mayores penas a quien incurra en ese delito.
La propuesta añade un artículo 345 Bis al Código Penal.
Con la modificación se imponen de dos a 10 años de prisión y de mil a mil 500 unidades de medida a quien de forma ilegal o con dolo derribe, tale, comercie, acopie, almacene, transforme o destruya la muerte de árboles.
Las penas se duplicarán cuando una o más de las conductas se realicen de manera reiterada.
Esto con ánimo de lucro o cuando se realicen en área natural protegida, de valor ambiental, verde de suelo urbano, suelo de conservación o barrancas de la CDMX.
Además, cuando estos actos sean cometidos a nombre, bajo el amparo o a beneficio de una persona moral o jurídica, a ésta se le prohibirá realizar negocios u operaciones hasta por cinco años.
Adicionalmente recibirá una multa hasta por cinco mil Unidades de Medida y Actualización vigente.
La pena se aumentará en una mitad a las personas servidoras públicas que tengan algún tipo de participación en una o más de las conductas descritas.
El dictamen de esta reforma ya se aprobó en la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso, pero no subido al Pleno para su ratificación.
