Abogados de víctimas de la línea 12 advirtieron que desde la Fiscalía capitalina, en contubernio con el poder judicial, quieren darle carpetazo a la investigación sobre la tragedia del 3 de mayo de 2021.
Acusaron que en esa estrategia, la oficina de la fiscal Ernestina Godoy busca deslindar de responsabilidades a la empresa ICA y a compañías que participaron en la supervisión de la obra de esa línea del Metro.
“No hay interés por seguir indagando en la carpeta de investigación y la única línea que existe desde la oficina de la fiscal es que concluya el asunto.
“Quieren que se firmen todos los convenios con Carso, imputar la siguiente semana y se acabó el problema”, acusó el abogado Cristopher Estupiñán.
La siguiente semana, concretamente el 2 de mayo, se realizará la audiencia de imputación contra 10 ex funcionarios del Proyecto Metro entre quienes está Enrique Horcasitas.
UN JUEZ PARCIAL
El litigante y directivo del despacho Carbino Legal, Cristopher Estupiñán, dijo que no permitirán esa impunidad para favorecer a ICA.
Por eso pidieron una audiencia de control, la cual se realizó el 18 de febrero pasado.
Pero el abogado acusó que lamentablemente en esa audiencia el juez Ignacio Aguilar Romero se puso del lado del Ministerio Público.
“Lo señalamos por actos de intimidación en contra de esta asesoría jurídica y lo señalamos por obstrucción en la impartición de la justicia”, acusó el abogado y socio de Carbino Legal, Miguel Ángel Alcalde Huerta.
LA AUDIENCIA
En la audiencia del 18 de febrero, los abogados querían exponer ante el juez que existían elementos suficientes para imputar a ICA y a seis empresas supervisoras por su responsabilidad en la tragedia del año pasado.
“Después de un análisis técnico llegamos a la conclusión de que existen elementos suficientes en la carpeta de investigación para imputar a diversas personas morales.
“A los miembros del consejo de administración del ICA y a personas físicas que intervinieron como supervisores de obra y también funcionarios del sistema de transporte colectivo, de la Secretaría de movilidad”, dijo el abogado Alcalde Huerta.
Pero acusó que de entrada su solicitud de audiencia fue turnada a una unidad de gestión judicial que típicamente no maneja este tipo de casos, sino que maneja casos con detenido.
ACUSADOS POR DESACATO
Ahí el juez Ignacio Aguilar Romero no les permitió plantear sus argumentos.
Además, cambió la modalidad en la que deben darse esas audiencias, pues debe hablar primero el solicitante de la audiencia, es decir, los abogados de las víctimas.
Pero el impartidor de justicia primero le dio el uso de la voz al ministerio público y validó todas las posiciones y argumentos de la representación social sin permitir el debate.
“No sólo eso, ante nuestra insistencia de que nos permitiera plantear nuestros argumentos ordenó al agente del ministerio público que nos iniciara carpetas de investigación a los abogados de las víctimas”, acusó el abogado.
Cristopher Estupiñán dijo que por no quedarse callados, el juez pidió al MP que les iniciara una denuncia penal por desacato.
Desconocen el estado actual de la denuncia, pero dijeron no temer a ella, pues lo que demuestra esa actitud del juez es un contubernio.
“Hay un claro contubernio entre la fiscalía y la empresa ICA, lo decimos sin temor a equivocarnos.
“Hay elementos muy objetivos dentro de la carpeta de investigación para imputar a ICA y a las empresas supervisoras, sin embargo no han sido citados, cuando por ejemplo el presidente del Consejo tiene una responsabilidad subsidiaria”, agregó Estupiñán.
