El final de la confrontación entre magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es de pronóstico reservado.
A pesar de que las acusaciones en su contra se incrementan, José Luis Vargas no cederá.
Se aferrará a mantenerse en la presidencia del órgano electoral y lo hará política y legalmente.
Tiene aliados en el gobierno, al que ha servido a través de sus sentencias, pero también tiene detractores que lo quieren someter a juicio.
La Unidad de Inteligencia Financiera, de Santiago Nieto, presentó dos denuncias ante la FGR en contra de Vargas por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Las acusaciones tienen que ver con supuestos actos de corrupción por parte del magistrado electoral, sin que hasta el momento se hayan judicializado.
Reunión con Zaldívar
En la guerra de alta intensidad al interior de la Sala Superior, los cinco “rebeldes” se reunieron con el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar.
A solicitud de Reyes Rodríguez Mondragón, electo presidente del órgano electoral, asistieron Janine Otálora, Felipe Fuentes Barrera, Felipe de la Mata e Indalfer Infante.
No estuvieron el propio Vargas ni la magistrada Mónica Soto, quien está alineada con el expresidente del Tribunal.
De acuerdo con el ministro Zaldívar, el propósito fue “buscar consensos y alternativas que den salida a la situación que prevalece en el máximo órgano electoral del país”.
Además, señaló que “el diálogo siempre será la vía para la construcción de acuerdos y la salvaguarda de la institucionalidad”.
“Ante tal situación del TEPJF privilegiemos el bien de México sobre las ambiciones personales”, escribió en su cuenta Twitter.
¿A quién se referirá el ministro presidente cuando se refirió a “ambiciones personales”?
Confrontación en Tribunal, de pronóstico reservado
Por ello, Vargas debería renunciar a su intención de quedarse al frente del Tribunal para ser investigado por las denuncias que hay en su contra.
Porque la crisis en el máximo órgano electoral entorpecer la calificación de la elección del 6 de junio. Eso podría ocasionar otra crisis, pero esta constitucional.
Porque al no ser desahogadas las impugnaciones, representantes populares y autoridades electas podrían no tomar posesión.
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