El número de homicidios dolosos es una tenaza que estrangula la credibilidad en la estrategia de seguridad de la 4T. Hay 50 municipios violentos en México.
Inquietante la respuesta apresurada y superficial del gobierno.
Era enero de 2019 cuando Alfonso Durazo presentaba la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, un documento de 86 páginas colmado de cifras y empanizado de optimismo.
En las primeras páginas se leía la queja: “con frecuencia alcanzamos hasta 100 homicidios dolosos al día”.
En 2020 el promedio fue de 97.5 homicidios diarios cada vez más brutales.
Hay un enigma pendiente de esclarecimiento: si el 2020 fue un año de encierro obligatorio por el Covid-19, ¿por qué en lugar de disminuir, los homicidios se mantuvieron constantes?
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador respondió en la mañanera del 21 de julio.
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, anunció que ahora se centrarán en los “50 municipios que concentran el 47 por ciento de los homicidios dolosos en el país”.
El Presidente enumeró las tres vertientes del proyecto.
En los 50 municipios habrá más militares, más “desarrollo social, bienestar” y más “valores culturales, morales, espirituales”.
El anuncio, importante, merecía acompañarse de un documento fijando metas, estimando tiempos, precisando montos, etcétera.
No hubo nada de eso. El documento, si existe, no aparece en las páginas oficiales de las dependencias involucradas, en las redes sociales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ni en la cuenta de Rosa Icela Rodríguez.
Y en la oficina de comunicación social de la SSPC dijeron desconocer su existencia.
Hay 50 municipios violentos en México
En un análisis hecho público el 26 de julio, la consultora Lantia hizo una comparación incómoda.
Recordó que en 2016 el gobierno de Enrique Peña Nieto presentó la “Estrategia de Atención Integral a los 50 municipios más Violentos”.
Lantia aclaró que nunca publicaron lineamientos con objetivos, distribución de actividades, orden de prioridad de los municipios o presupuesto asignado.
Fue un fracaso. Al año y medio, 36 de los 50 municipios ya registraban incrementos en el número de homicidios.
Entre las carencias del proyecto anunciado en la mañanera destaca el silencio sobre el papel asignado a la sociedad organizada.
Las investigaciones realizadas en el Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México demuestran la importancia de la participación de seis actores sociales en los casos exitosos de reducción de la violencia.
Se trata de empresarios, medios de comunicación, víctimas, organismos de la sociedad civil, iglesias y universidades.
Hay casos y cifras que lo confirman: la ofensiva contra la mafia siciliana en Italia llevó a que 1999 fuera el primer año en que Palermo no tuviera un solo asesinato relacionado con la mafia.
En nuestro país, La Laguna tuvo 1,060 homicidios en 2012, 291 en 2014 y 118 en 2020.
Existen razones obvias tras la relevancia de la participación ciudadana.
Entre otras, su conocimiento de la topografía y el quién es quién de cada ciudad y barrio, y lo determinante de una participación activa para enfrentar a las redes de apoyo de los criminales.
La paradoja es que, salvo a las iglesias, el Presidente tiene en la mira a empresarios, medios de comunicación, víctimas, organismos de la sociedad civil y universidades.
La “estrategia especial” para los 50 municipios anunciada por la 4T deja la impresión de haber sido hecha con extrema premura; les urgía demostrar la necesidad de “hacer algo”.
Indicadores de violencia
Uno de los indicadores del apresuramiento se desprende del intercambio entre una reportera y la secretaria de la SSPC durante la mañanera del 21 de julio.
La reportera le preguntó a la funcionaria si tenían algún plazo para ver resultados en los 50 municipios.
En lugar de poner fechas estimadas, la secretaria invocó al Presidente:
“Vamos a estar en la evaluación constante” porque el presidente “exige resultados claros, concretos y por eso hay una evaluación constante”.
Remató el argumento afirmando que “sí hay una responsabilidad compartida con todas las autoridades y, bueno, una exigencia del Presidente, que es muy estricto al respecto”.
Una pena que no les pidiera corregir las omisiones y deficiencias del proyecto de los 50 municipios.
Colaboraron Anuar Israel Ortega Galindo y Sergio Huesca Villeda
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