Sobre los jueces. En la ofensiva contra la prensa independiente y crítica participan gobernantes, criminales y jueces. Pongo hoy el acento en estos últimos.
Los reflectores apuntan justificadamente a los 150 periodistas asesinados.
Se habla menos de los 29 desaparecidos y no se aquilatan las consecuencias de las demandas por daño al honor que tan de moda se han puesto.
En 2015 hubo un solo caso; en 2020 fueron 39, y la cifra continúa creciendo sin que exista una contabilidad central.
Menciono algunos casos. El periódico AM de León supera a todos en el monto del dinero exigido: la exalcaldesa de León (PRI), Bárbara Botello, pide módicos 300 millones.
El portal de noticias e-consulta de Puebla ya lleva 7 demandas de personas ligadas al gobierno de Miguel Ángel Barbosa (Morena): esperan recibir 37 millones de pesos.
A mí me fue mejor. El ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira se conforma con 10 millones y cuando al fin estaba por finalizar ese proceso —el 9 de marzo la Primera Sala de la Suprema Corte tomará una decisión—, interpuso una segunda demanda. Parece disfrutar los tribunales.
Hay indicios de que el acoso judicial aumentó en los últimos meses.
En noviembre se interpusieron tres demandas anónimas ante la Fiscalía General de la República.
Incluyeron la exigencia de investigar de “manera exhaustiva” al colega de Milenio Ricardo Raphael.
Sobre los jueces
En diciembre una funcionaria de la 4T interpuso lo que será una mega demanda porque va contra una periodista, un abogado sindicalista, una universidad y una ONG.
Cuando se haga pública se armará el revuelo.
Es un acoso popular por su simplicidad.
A un costo relativamente bajo para los poderosos, desgastan durante años a escritores incómodos e inhiben a todo el gremio.
Se aprovechan de la bipolaridad del sistema judicial mexicano: en términos generales los jueces federales son profesionales, mientras que los estatales se distinguen por desconocer los compromisos internacionales de México o ponerse al servicio de los acosadores.
Los demandados sueñan con el ámbito federal, pero eso lleva tiempo y es muy difícil que el caso termine en la Suprema Corte.
Está, finalmente, el reiterado acoso del presidente.
Es legítimo que Andrés Manuel López Obrador dé su versión, sin embargo, es inmoral —y tal vez ilegal— acusar sin evidencias.
Aunque es imposible establecer una causalidad directa entre los dichos presidenciales y las demandas por daño al honor, es válido inferir que, en un país de fuerte cultura presidencialista, es una invitación a atacar —en redes sociales o en tribunales— a los señalados.
Estoy a favor de leyes que permitan contrarrestar la difamación, pero me indigna la forma en que se están aprovechando de los poderes judiciales estatales que, muchas veces, siguen siendo reductos del burocratismo, el tráfico de influencias y corrupciones de todo tipo.
Mi experiencia en los tribunales capitalinos lo ha confirmado y me pregunto por qué lo hemos tolerado.
A esta ciudad la gobierna la izquierda desde 1997.
Es hasta cierto punto explicable la intensidad del acoso.
Dada la debilidad de los partidos, la prensa independiente continúa siendo el principal contrapeso del poder y es determinante en la formulación de la agenda nacional.
Leyes atacan a periodistas
En todo el país, el gremio se organiza y protesta por los asesinatos de periodistas, pero nos hemos olvidado del peso que tienen los jueces.
Es urgente frenar el uso de las leyes como arma para atacar a periodistas.
En otras partes del mundo ya se evita y en otro texto me referiré a las demandas genéricamente agrupadas en el acrónimo SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation o Demandas estratégicas contra la participación en asuntos públicos).
Por ahora, es una prioridad conceder más atención a investigar lo que pasa al interior de los sistemas judiciales de los estados.
Aplaudamos y aceptemos los fallos de los jueces que actúan con profesionalismo, señalemos a los que aceptan demandas frívolas, se inclinan ante los intereses de los poderosos y transforman los tribunales en guaridas armadas para el sacrificio impune de la prensa independiente y crítica.
NB. Las cifras incluidas provienen de textos de Artículo 19 y Propuesta Cívica.
Colaboraron Sergio Huesca Villeda y Dulce Alicia Torres Hernández
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