Durante los últimos tres días, Los Ángeles ha sido escenario de intensas redadas migratorias encabezadas por agentes federales y cuerpos policiales locales. Las acciones, que han resultado en cientos de detenciones, han provocado protestas, bloqueos y una ola de indignación tanto en Estados Unidos como en México.
El operativo fue confirmado por el Departamento de Seguridad Nacional, argumentando que responde a la necesidad de ejecutar órdenes de deportación pendientes. Sin embargo, diversas organizaciones de derechos humanos han denunciado el uso excesivo de fuerza, la presencia de vehículos blindados y el ingreso a zonas habitacionales sin órdenes judiciales claras.
Entre los detenidos, al menos 35 son mexicanos. La cancillería ha iniciado procesos de asistencia consular, mientras que el gobierno de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, ha solicitado respeto a los derechos humanos de los connacionales.
Donald Trump, en un mitin reciente, aplaudió las redadas, afirmando que “la ley debe cumplirse y los ilegales deben regresar a casa”. Las declaraciones han encendido aún más los ánimos, sobre todo entre comunidades latinas que temen una escalada de represión y xenofobia.
Las protestas continúan en puntos estratégicos de Los Ángeles, incluyendo estaciones de autobuses y escuelas, donde se han desplegado agentes para evitar “movilidad irregular”. La tensión no cede y diversas agrupaciones llaman a la resistencia pacífica y a visibilizar la situación en foros internacionales.
