Habitantes de pueblos y barrios originarios rechazaron la forma en que el gobierno de Claudia Sheinbaum pretende poner a consulta los proyectos rectores del desarrollo urbano de la CDMX.
Aglutinados en el Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac, señalaron las razones de ese rechazo.
La jefa de gobierno anunció la emisión de las convocatorias pública e indígena del Plan General de Desarrollo (PGD) y del Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT)..
QUEDARÍAN FUERA
En comunicado los vecinos acusaron que la consulta de ambos documentos se llevará a cabo de forma simultánea a la imposición del ilegal Sistema de Registro de Pueblos y Barrios Originarios.
Este Frente impugnó ante el Tribunal Electoral el proceso para crear ese Sistema de Registro.
Por esa razón consideraron que se corre el riesgo de que no sean considerados todos los pueblos y barrios originarios en el proceso de consulta del PGD y del PGOT.
SÍ HAY CARTEL INMOBILIARIO
Los integrantes del Frente acusaron que de forma previa a la consulta, diversos mega proyectos de desarrollo se han concluido.
Citaron el caso de Mitikah y el puente vehicular en Xochimilco.
Además, otros están en curso, como el del Estadio Azteca, además de que se han publicado decretos que inciden en la planeación del desarrollo.
A pesar de ese escenario, alertaron, se pretende iniciar un nuevo proceso como si no hubiera injusticias históricas, y otras más recientes, que deban ser reparadas, particularmente a los pueblos y barrios originarios.
“No puede haber una planeación ‘nueva’ sin la restitución histórica a las violaciones de los derechos de los pueblos y barrios originarios”, dijeron.
DOBLE DISCURSO
Consideraron que el discurso predominante en la actual administración ha sido hasta el momento el de la “participación” y el de la “sustentabilidad”.
Sin embargo, se trata de una participación que ha puesto por encima los intereses de los inmobiliarios, y acotada a que los habitantes decidan únicamente las migajas de mitigación.
Expusieron que predomina una sustentabilidad débil que sigue poniendo por encima de los ecosistemas y de los habitantes los intereses del sector inmobiliario y de la construcción.
ESTIGMA
Lamentaron que en estos momentos hay quienes, comprando el discurso del gobierno, han decidido atacar y culpabilizar a los pueblos y barrios que resisten y que han exigido el cumplimiento de los derechos.
A esas comunidades se lee señalan como los responsables de las embestidas hacia el actual gobierno.
“Se trata de un pensamiento equivocado, que busca culpabilizar a quienes han estado luchando de forma ininterrumpida desde hace años”, dijeron.
Expusieron que el planteamiento es casi como pensar que los manifestantes que acuden a alguna protesta de forma pacífica, serían culpables de los actos de represión o violencia que la policía o agentes estatales o paraestatales cometieran en su contra.
Expusieron que el momento político requiere la unidad frente al monstruo inmobiliario, que pretende dejarlos sin agua, con una calidad del aire peligrosa para la salud y expulsándolos de sus comunidades.
