Habitantes de Polanco, así como de las colonias Verónica Anzures, Granadas y Anáhuac, bloquearon esta tarde la avenida Mariano Escobedo en protesta porque la jueza Décimo Primero de Distrito María Elena Lugo del Castillo pospuso indefinidamente una inspección judicial programada dentro del predio de Lago Alberto 300, donde Be Grand levanta un desarrollo inmobiliario con dos mega torres de mil 84 departamentos.
Las y los vecinos acusaron que la jueza tiene historial de negar la justicia ambiental y favorecer a Be Grand, primero al negar el interés legal de estos colonos y luego al posponer la inspección judicial que estaba programada para el 8 de mayo.
Esa inspección, explicaron, era clave para verificar el daño ambiental que ha provocado la inmobiliaria como parte de la fase IIII del proyecto inmobiliario Be Grand Alto Polanco.
Los habitantes opositores a la obra interpusieron el juicio de amparo 954/2025 y lograron que el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa les otorgó la suspensión definitiva.
Esa medida, basada en el principio indubio pro natura, detiene la Fase III de BeGrandAlto Polanco por el probable daño ambiental irreversible.
El Tribunal les reconoció el interés legal y ordenó proteger el suelo permeable y el arbolado.
La diligencia del 8 de mayo que suspendió la jueza María Elena Lugo tenía como objetivo verificar el estado actual del suelo permeable en 2 mil 682 metros cuadrados dentro del terreno que deben permanecer descubiertos, así como el grado de daño al arbolado que existía en el sitio, por la tala y excavaciones realizadas.
Para las y los vecinos que se manifestaron hoy, la omisión de la jueza es un claro sabotaje al mandato del Tribunal Colegiado y un ejemplo del contubernio con la desarrolladora inmobiliaria.
El problema, explicado por los vecinos, es que el 30 de abril la Miguel Hidalgo colocó sellos de clausura a la obra y aunque los retiró después, ese hecho le sirvió a la jueza Lugo para decir que le era imposible ingresar al predio a fin de realizar la diligencia y así la pospuso.
Los colonos exigieron también la intervención de la Secretaría de Medio Ambiente, pues consideraron que la dependencia está legalmente obligada a impedir cualquier acto que altere el predio de Lago Alberto 300, como la colocación de concreto sobre el suelo permeable.
Lamentaron que a pesar de estar notificada por el Tribunal, la omisión de la Sedema es evidente, pues no ha garantizado la protección del área verde ni ha detenido las intervenciones riesgosas en banquetas.
Dijeron que la suspensión definitiva contra la obra está firme y por ello se ha detenido la construcción de la fase III.
