Las protestas de conductores de Uber y DiDi en la capital del país no son un hecho aislado, sino la manifestación de un modelo de negocio que, acusan, se ha vuelto abiertamente abusivo y desequilibrado en contra de quienes sostienen el servicio: los choferes.
Desde primeras horas del día, trabajadores de plataformas bloquearon avenidas clave como Paseo de la Reforma para denunciar que las aplicaciones retienen entre 20% y 30% de cada viaje, mientras ellos asumen todos los costos: gasolina, mantenimiento, seguros y riesgos de seguridad.
El reclamo es contundente: las tarifas han bajado, las comisiones se mantienen altas y los ingresos reales han caído. En términos prácticos, los conductores trabajan más horas para ganar menos.
Un negocio sin derechos laborales
En México, más de un millón de personas dependen de plataformas digitales para generar ingresos. Sin embargo, la mayoría lo hace sin acceso a seguridad social, prestaciones o estabilidad laboral.
Uber y DiDi operan bajo un esquema donde no reconocen a los conductores como empleados, pero sí imponen condiciones a través de algoritmos: tarifas dinámicas, penalizaciones por rechazar viajes y evaluaciones constantes que pueden dejarlos sin acceso a la plataforma.
Ciudad dependiente, conductores precarizados
La protesta también evidenció la dependencia de la Ciudad de México hacia estos servicios. La desconexión masiva de conductores provocó aumento de tarifas, escasez de unidades y tiempos de espera prolongados.
Especialistas coinciden en que el problema ya no es tecnológico, sino estructural: un modelo que concentra ganancias en las plataformas y traslada todos los riesgos al trabajador.
Presión para regular
Los conductores exigen una regulación urgente que limite las comisiones, establezca tarifas mínimas y garantice derechos básicos.
Mientras tanto, la pregunta sigue abierta: ¿puede sostenerse un sistema de movilidad basado en la precarización de quienes lo operan?
