Con el objetivo de reactivar la construcción de vivienda social en Jalisco y generar condiciones más viables para los desarrolladores, la diputada Gabriela Cárdenas Rodríguez presentó un paquete de reformas fiscales. Estas reformas buscan también ampliar el acceso a vivienda para familias de bajos ingresos, en un contexto marcado por la desaceleración económica y el encarecimiento sostenido de la vivienda.
Durante su presentación ante la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI) Jalisco, la legisladora destacó el desbalance crítico entre la oferta y la demanda. En la última década, el precio de la vivienda nueva en el estado ha aumentado un 468%, mientras que la oferta de viviendas de interés social se ha desplomado, pasando de 41 mil unidades anuales a apenas 152 en 2025. Esta reducción demuestra una contracción estructural del segmento.
Desde el punto de vista de la demanda, el reto es igualmente grave. Cerca del 70% de la población en Jalisco solo puede acceder a viviendas con un valor inferior a un millón 50 mil pesos, límite establecido por el Infonavit para los créditos sociales. Sin embargo, la oferta en este rango prácticamente ha desaparecido, lo que limita la colocación de financiamiento y frena la dinámica del sector inmobiliario.
Cárdenas atribuyó esta problemática a condiciones estructurales del mercado, y no a fallas de gestión dentro de la industria. «Nos encontramos frente a una emergencia habitacional», afirmó, señalando que 152 casas en un estado que necesita decenas de miles anualmente no solo es una caída, sino un verdadero desplome en el sector.
Las reformas propuestas buscan incidir directamente en los costos de producción de vivienda. La primera de ellas plantea modificar la Ley de Hacienda Municipal para ampliar los descuentos de al menos 50% en los derechos de licencias de construcción para todos los desarrolladores que edifiquen vivienda social certificada, independientemente de su vinculación con organismos públicos.
Otra de las propuestas apunta a reducir los costos asociados al Registro Público de la Propiedad mediante ajustes a la Ley de Hacienda Estatal, pues estos costos impactan directamente en el precio final de la vivienda. Cárdenas explicó que estos costos no los absorbe el desarrollador, sino que terminan siendo pagados por el comprador.
Como tercer eje, se propone una reducción temporal del impuesto sobre nómina para los desarrolladores que construyan vivienda social en zonas urbanas consolidadas, con acceso a servicios y transporte. Este enfoque busca incentivar proyectos dentro de las ciudades, evitando la expansión periférica que aumenta los costos urbanos.
Estas reformas están alineadas con el programa estatal «Vivienda para el Bienestar», impulsado por el gobernador Pablo Lemus Navarro. Recientemente, se contempló la donación de terrenos por 350 millones de pesos, equivalentes a 14 hectáreas, para la construcción de 1,926 viviendas en municipios como Lagos de Moreno, Tepatitlán, Autlán de Navarro y El Salto.
