La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el informe “Desaparición de Personas en México”, en donde alertó de más de 128 mil personas desaparecidas, a los cuales se suman 70 mil cuerpos no identificados que están bajo custodia del Estado.
Así, el informe de la Comisión acusó que la práctica de desaparición de personas en México genera una grave crisis de derechos humanos.
Los datos son concordantes con los expuestos por el gobierno de Claudia Sheinbaum que dan cuenta de 132 mil personas desaparecidas, aunque esa es una cifra acumulada desde 1952.
El objetivo del Informe de la CIDH es dar cuenta de los avances y desafíos de las políticas adoptadas por el Estado mexicano para hacer frente a la crisis humanitaria de desaparición de personas en el país desde el 2018.
Además, el documento releva las distintas políticas e iniciativas impulsadas por el Estado para prevenir, buscar, investigar, sancionar y reparar estos hechos, con 40 recomendaciones para procurar su fortalecimiento.
En su informe, la CIDH refiere que la autoría de las desapariciones corresponde, en gran medida, al crimen organizado.
Sin perjuicio de lo anterior, las desapariciones forzadas, es decir, aquellas cometidas por funcionarios estatales, aún no han sido del todo erradicadas.
Se documentan varios casos en que estas habrían ocurrido en connivencia entre el crimen organizado y autoridades encargadas de tareas de seguridad y de procuración de justicia, así como autoridades políticas.
La Comisión establece en su informe que la desaparición es un fenómeno que afecta a diversos sectores sociales.
Se evidencian las características particulares que rodean las desapariciones de niñas, niños y adolescentes, por su reclutamiento e involucramiento con el crimen organizado, las de mujeres y personas LGBTIQ+ basadas en su género, y las de personas defensoras y periodistas por las labores que ejercen.
También impacta con mucho ensañamiento en personas migrantes por las condiciones de inseguridad en sus rutas de tránsito.
A su vez, la Comisión advierte que la impunidad en los casos de desaparición es apremiante y que se evidencia en la casi nula judicialización de casos y la baja emisión de sentencias.
A pesar de esfuerzos recientes en el acceso a la justicia, como la judicialización de casi una veintena de casos de desaparición y desaparición forzada en el último año, estos aún son limitados frente a la magnitud del fenómeno.
En este punto, en el informe se establecen una serie de desafíos en torno a la alta carga procesal, deficiencias de procedimiento, y en cuanto a las técnicas de investigación conducidas por órganos de procuración de justicia, que incluyen, entre otros, la falta de formulación de planes e hipótesis de investigación que respondan a líneas lógicas de investigación y el encuadre de las conductas ilícitas en los tipos penales adecuados.
Así también se identifican desincentivos y el miedo en la interposición de denuncias, o una inversión de la obligación de investigación hacia las familias.
Respecto de la búsqueda, la CIDH valora el impulso de los colectivos y las familias para encontrar a sus seres queridos, e identifica graves situaciones de riesgo y amenazas que afectan la seguridad de las personas buscadoras.
La Comisión pondera la reactivación del Sistema Nacional de Búsqueda desde el 2020, aunque señala la persistencia de desafíos en la coordinación entre las entidades de búsqueda y las de procuración de justicia.
En términos de identificación humana, a criterio de la CIDH, los esfuerzos han tenido una efectividad muy limitada.
El informe puntualiza que se requiere el fortalecimiento de los centros de identificación para mejorar su funcionamiento, que incluya la aplicación de un enfoque masivo de identificaciones.
En materia de atención, rehabilitación y reparación, la Comisión valora positivamente la creación de la dirección especializada en atención a colectivos y familiares de víctimas de desaparición y desaparición forzada de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
A su vez, deja constancia de la preocupación de las organizaciones sobre la capacidad operativa y administrativa de las comisiones locales de atención a víctimas, así como de los prolongados tiempos de espera para acceder a apoyos destinados a necesidades inmediatas.
En relación con la memoria y la verdad, el informe destaca la creación de la comisión de la verdad para los hechos de la “Guerra Sucia”.
Pero se identifica como reto principal la falta de entrega de información de instituciones militares, lo que ralentiza el acceso a la justicia y revictimiza a los familiares.
Finalmente, la CIDH reitera su disposición a prestar asistencia técnica para su implementación.
