Dirigentes de organizaciones de comerciantes, abogados y médicos veterinarios advirtieron que las recientes acciones “animalistas” del Gobierno de Clara Brugada, como prohibir la exhibición y venta de animales vivos en mercados pueden provocar un incremento ilegal de su comercialización, así como un mayor maltrato de las especies.
Calificaron esas políticas prohibicionistas como una improvisación administrativa de los funcionarios públicos, además de cuestionar los operativos mal preparados.
En un comunicado, las organizaciones coincidieron en que el bienestar de las mascotas y animales de compañía es un objetivo legítimo y compartido.
Sin embargo, rechazaron los mecanismos utilizados por funcionarios capitalinos, pues lejos de proteger a los animales han criminalizado a comerciantes formales que operan bajo esquemas legales y regulados.
Esta postura la suscribieron Alberto Vargas Lucio, presidente del Movimiento Nacional del Contribuyente Social (MONACOSO A.C.); César Ríos, asesor jurídico de comerciantes; la doctora Aída Álvarez Salas, presidenta del Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México A.C. (COMVEMEX); y Gerardo Cleto López Becerra, presidente de ConComercioPequeño.
Todos ellos calificaron como falsas las acusaciones de maltrato animal al interior de los mercados públicos.
A decir de César Ríos, abogado especialista encargado de la defensa legal de comerciantes, el cierre de la venta legal en el Mercado Sonora estuvo acompañado de acciones ilegales por parte de funcionarios de la Alcaldía Venustiano Carranza, enviados por Evelyn Parra.
Esos funcionarios, expuso, presionaron e intimidaron a los comerciantes.
Además, denunció que ninguna clausura fue motivada por maltrato animal, ya que los locatarios cumplían con los reglamentos vigentes y contaban con la asesoría de médicos veterinarios.
“Las sanciones se aplicaron por supuestas faltas administrativas, mediante procedimientos irregulares y amenazas para inhibir la defensa de sus derechos”, afirmó.
Por su parte, Alberto Vargas Lucio señaló que ante la negativa de las autoridades para dialogar, continuarán las acciones jurídicas para la legítima defensa de los derechos de los locatarios.
Subrayó que la medida tomada en diciembre pasado afecta gravemente a comunidades indígenas y rurales de la Ciudad de México, así como de Tlaxcala, Puebla, Morelos y el Estado de México.
Para ellos la crianza y comercialización de animales de consumo es una actividad económica fundamental y tenían al Mercado Sonora como punto de abastecimiento.
“Estas comunidades tendrán que ser escuchadas, porque se les ha negado el derecho de realizar una actividad que es parte de sus usos y costumbres, que además de ser legal, da sustento a sus comunidades, ya que suministraban productos a restaurantes, fondas y negocios de comida”, remarcó.
Alberto Vargas advirtió que la capital del país se encamina a una auténtica “cacería de brujas” contra los mercados públicos.
La prohibición, añadió, no solo impacta en la venta de perros y gatos, sino también actividades productivas esenciales como la comercialización de codornices para restaurantes, lombrices para la agricultura, gallinas de granja, peces, tortugas y otras especies.
El resultado, consideró, será inmediato y previsible con el crecimiento de la venta clandestina en las inmediaciones de los mercados, operada por ambulantes tolerados por las propias autoridades.
Adicionalmente a la prohibición de vender animales en mercados públicos, la Doctora Aida Álvarez informó que el gobierno de Clara Brugada publicó en diciembre pasado en la Gaceta Oficial capitalina el decreto que prohíbe el uso de jaulas y transportadoras para resguardo de animales en locales comerciales.
Tampoco está permitida la permanencia de mascotas en los establecimientos, mientras estos estén cerrados.
Esta disposición obliga a todos los comercios que tienen este giro a modificar de manera sustancial sus protocolos de trabajo.
“Al ordenar el retiro de rejas y jaulas de resguardo, se debe sustituir por un tipo de corral en donde deberán convivir distintas especies, situación que podría representar un riesgo de agresiones entre los animales”, dijo.
Otra de las medidas contempla el retiro de las mascotas de los locales durante las noches o en días de descanso laboral, lo que a decir de los inconformes, forzará a los propietarios a contar con espacios alternos de custodia y trasporte especial diario.
Ello incrementa de manera considerable los costos de operación y traslado.
“No me imagino la logística que deberán desarrollar los comerciantes de peces, aves o perros de raza, para llegar todos los días con sus ejemplares y por la noche retirarlos, como si fuera mercancía de tianguis”, comentó la especialista.
Además, cuestionó que el decreto es muy confuso, pues introduce el concepto de “venta por catálogo” el cual es iniciativa del diputado Jesús Sesma, bajo el cual pretende que los animales no estén exhibidos físicamente y los compradores los conozcan por citas.
Aida Álvarez lamentó que las propuestas presentadas por especialistas, investigadores y comerciantes para mejorar el cuidado de las mascotas durante las actividades mercantiles, expuestas en el foro de bienestar animal hayan sido desechadas.
En contraste, señaló que la Jefa de Gobierno únicamente retomó la iniciativa del legislador Jesús Sesma del Partido Verde, la cual se limita a imponer prohibiciones y una sobrerregulación al comercio legal de animales de compañía.
Ello, lamentó, se convierten en bodrios administrativos que fomentan la corrupción.
