El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Rafael Guerra, solicitó a los diputados del Congreso local posponer hasta el 1 abril de 2027 la entrada en vigor del Código Procedimental Civil y Familiar capitalino.
Guerra ofreció una conferencia en la sede del Congreso capitalino junto a diputados de Morena, donde planteó la necesidad de aplicar una nueva prórroga.
Recordó que el 29 de mayo de 2025 se solicitó al Pleno Legislativo una primera modificación a la declaratoria de vigencia de dicho Código.
Al hacer una relatoría del proceso, rememoró que el 7 de junio de 2023 se publicó en el diario oficial de la Federación el código nacional de procedimientos civiles y familiares.
Luego, el 3 de julio de 2024, el congreso de la Ciudad de México realizó la declaratoria de vigencia de este código y fue publicado en la gaceta oficial capitalina el 9 de agosto.
En esa declaratoria se definió un calendario de implementación para la Ciudad en tres etapas, una a aplicarse al 1 de diciembre de 2024, otra el 1 de junio de 2025 y una tercera el 15 de noviembre de 2025.
Así, el 1 de diciembre de 2024 arrancó la primera etapa y comenzaron a atenderse temas de arrendamiento inmobiliario, juicios hipotecarios en materia civil y en materia familiar, así como procedimientos de jurisdicción estatutaria y controversias en las que no se solicité el divorcio.
Sin embargo, el 29 de mayo de 2025, se solicitó por parte del poder judicial al pleno del congreso de la ciudad, una declaratoria de modificación de vigencia, y esta fue publicada en la gaceta oficial el día siguiente.
Esa modificación prorrogó las etapas segunda y tercera, al 1 de junio y al 15 de noviembre de 2026, con el propósito de consolidar los avances de la primera etapa, reducir el impacto sobre las cargas de trabajo del personal judicial, y garantizar una transición que no perjudique a quienes ya tienen asuntos en trámite.
Destacó que la aplicación de este código representa un 70% de los casos que atiende el poder judicial local.
Subrayó que el nuevo sistema judicial nació para homologar procedimientos y acercar la justicia a quienes más la necesitan y ante su importancia, argumentó que “hemos elegido dar pasos certeros y sin prisa».
El magistrado destacó que desde el arranque de la primera fase se han recibido más de 11,000 demandas en materia civil y más de 20,000 en materia familiar.
Además, se tienen en trámite más de 1000 asuntos en materia civil y 17,000 en lo familiar y así justificó que esto no es un retraso, sino una implementación seria y progresiva.
Argumentó circunstancias que no se pueden prever y exigen ajustes como la reforma judicial, la cual implicó la creación del órgano de administración judicial y el tribunal de disciplina judicial, así como la elección de un 50% de magistradas y magistrados, además de juzgadores.
Ello, dijo, requiere ajustes en materia administrativa, de capacitación y tecnológica, así como la nueva incorporación de paradigmas del sistema.
