Pese a que la jueza Belem Bolaños, del Sistema Procesal Penal Acusatorio en Ciudad de México, sí incorporó perspectiva de género, en la sentencia dictada a mediados de 2024 respecto al caso de Monserrat Uribe, desaparecida el 24 de julio de 2020 en Iztapalapa, no se mantuvo firme la resolución inicial, debido a anomalías.
Fuentes cercanas al caso, destacan que Bolaños no descartó un crimen, pero, tras analizar las pruebas, consideró que los hechos encajaban más en un feminicidio que en el delito de desaparición imputado por el Ministerio Público.
“La reposición del juicio no fue por responsabilidad de la jueza, sino por inconsistencias en la carpeta de investigación. Se aplicó perspectiva de género y no se revictimizó a nadie”, indicaron las fuentes. Además, durante el juicio surgieron al menos tres versiones distintas de los hechos.
En junio de 2024 concluyó el proceso contra Miguel “N” y Adriana “N”, acusados de la desaparición de Monserrat, tras acudir a una supuesta entrevista de trabajo. Sus restos fueron hallados en noviembre de 2024 en el Ajusco por su mamá Jaqueline Palmeros, fundadora de la agrupación Una Luz en el Camino, junto con otras activistas.
Tras la liberación de los acusados por falta de pruebas, se culpó públicamente a la jueza Bolaños. No obstante, fuentes señalan que la orden de liberación fue ejecutada por otro juez.
Aunque el caso podría corresponder a un feminicidio Bolaños no tenía facultades legales para sentenciar por ese delito, ya que no fue formulado en la acusación por la Fiscalía. El Poder Judicial no puede condenar por cargos distintos a los planteados en juicio, aun si surgen indicios de otro tipo penal.
La sentencia de Bolaños se sustentó en criterios legales con enfoque de género, sin juicios personales hacia la víctima. Evaluó el contexto de vulnerabilidad y razones de género, enfoque que fue respaldado en apelación por el magistrado Jesús Ubando López.
Luego del hallazgo de los restos óseos de Monserrat en el Ajusco, Palmeros solicitó la reposición del juicio, argumentando la pérdida de pruebas clave por parte del Ministerio Público, incluyendo tres videos del C5. La ausencia de esas evidencias fue determinante para que Miguel “N” y Adriana “N” recuperaran su libertad, tras año y medio en el Reclusorio Norte.
