Ciudad de México.- A pesar de los esfuerzos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de aprobar la ley de Seguridad Interior, sigue generando polémica, ya aunque algunos activistas reconocen los beneficios que la presencia del Ejército ha llevado a las comunidades donde no había gobernabilidad y la población era presa de la delincuencia corporaciones policías corruptas, pero a la par temen violaciones a los derechos humanos al darle facultades ilimitadas al Ejército.
En este sentido, Francisco Rivas presidente del Observatorio Nacional Ciudadano, reconoció la labor de los militares en aquellas comunidades donde no había ninguna garantía para los ciudadanos, sin embargo, no es a través de la militarización del país como se darán garantías de seguridad a la población de los lugares más alejados del país.
“Nosotros nunca hemos sido favorables a la presencia del Ejército en las funciones y tareas de seguridad, entendemos que sin ellos, sin la fuerzas federales, Ejército, Marina Policía Federal, hoy no tendríamos condiciones mínimas de paz en algunas entidades, hay evidencias de que seguimos requiriendo de la presencia de fuerzas federales en algunas entidades.
Detalló que la labor de los poderes es buscar una solución posible alterna a la Ley de Seguridad Interior, pues la labor del Ejército es diferente a la de trabajos de seguridad pública.
Por eso la discusión en las cámaras debe ser sobre profesionalización de las corporaciones policiacas, buenas condiciones laborales, arraigo e identidad con su comunidad, para así lograr un buen trabajo para ir retirando paulatinamente a las tropas militares.
“Sin embargo, el Ejercito no está hecho, su función y su vocación no es policial, su conocimiento y operación no es policial, y la forma en la que reacciona ante un evento no es la manera para el mantenimiento de la seguridad pública, seguridad ciudadana y humana”
“Necesitamos en ese sentido general las condiciones de construcción institucional para que podamos prescindir de la presencia del Ejército y de la Marina”.
Hasta el momento no hay un tiempo definido para su discusión en ninguna de las cámaras, debido principalmente a los diversos pronunciamientos de órganos defensores de las garantías individuales, y a pesar de la confianza del principal precursor de la ley, el diputado federal Cesar Camacho Quiroz no fue discutida en el periodo ordinario de sesiones.
Y es que las tres iniciativas presentadas del PRI, PAN y PRD, no tienen bien definido el concento de seguridad interior, y la Constitución hace mención del precepto pero tampoco está puntualmente determinado.
De acuerdo con organizaciones civiles, y con el propio Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, esta falta de conceptualización abre un abanico de posibilidades y atribuciones a los militares para llevar a cabo tareas de seguridad pública y detenciones a discreción según sea su criterio y entender del concepto de seguridad interior y ataques a la seguridad nacional.
En un estudio realizado por la Dirección General de investigación del Instituto se advirtió que el propio ejecutivo federal puede, a su entender, sin ninguna notificación previa a los Poderes de la Unión, hacer uso de las fuerzas armadas bajo dicho concepto.
“Los conceptos ofrecidos en las iniciativas para describir afectaciones y amenazas a la seguridad interior son ambiguos, lo que podría dar lugar a un amplio margen de discrecionalidad. El traslape de conceptos en las iniciativas puede facilitar que el Ejecutivo Federal use supuestos de seguridad pública, seguridad nacional, protección civil y salubridad general para ampliar y reinterpretar la seguridad interior, y con ello haga uso de las Fuerzas Armadas de manera discrecional”, advierten académicos a través del estudio.
Los diputados del PRI, Cesar Camacho Quiroz y Martha Sofía Tamayo Morales, presentaron una iniciativa por la que proponen que el Ejército se mantenga de forma permanente en las calles, e inclusive haga intercepciones terrestres, aéreas y marítimas, y “todas aquellas que considere necesarias”, sin que haya una declaratoria de afectación a la seguridad interior previa.
“Resulta necesario un ordenamiento legal específico que defina y regule las actividades que pueden realizar las dependencias e instituciones competentes en el mantenimiento de la Seguridad Interior, con el propósito de responder a los cuestionamientos sobre el alcance de la Seguridad Interior e incluso evitar confusiones con las tareas de Seguridad Pública”, es la justificación del PRI para presentar sus iniciativa.
“I. Acciones de Seguridad Interior: Aquellas que realizan las autoridades federales, incluyendo a las Fuerzas Armadas, por sí o en coordinación con otras autoridades, orientadas a la normalización del orden interno institucional en un área o zona
geográfica del país, con la emisión de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior…”
Las acciones son: destacamento de seguridad, escoltas de seguridad, bases de operaciones móviles y fijas; instalación de puestos de seguridad, intercepción terrestre, aérea y marítima; patrullajes, puestos de vigilancia, reconocimientos, seguridad en instalaciones estratégicas, y “las demás que se consideren necesarias”.
“Art. 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: […] Uso legítimo de la fuerza: utilización de técnicas, tácticas, métodos, armamento y protocolos que realiza el personal de las fuerzas armadas y federales, para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia no agresiva, agresiva o agresiva grave”, dice la propuesta del PRI.
Se advierte sobre las facultades a las Fuerzas Armadas para combatir el crimen organizado, entre ellas, el “uso legítimo de la fuerza”, en los casos que consideren “actos de resistencia no agresiva”, como pueden ser marchas o plantones.
“De ocurrir reformas legislativas que expandan todavía más las atribuciones de las Fuerzas Armadas, así como el régimen de excepción para el combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada como pudiera suceder al regular labores de seguridad interior, debe cuidarse en todo momento que las Fuerzas Armadas no sean utilizadas para reprimir protestas pacíficas de la sociedad civil”.
“Esto es una preocupación realista en vista de que dos de las iniciativas de Ley de Seguridad Interior pretenden calificar a priori el ‘uso legítimo de la fuerza’ en contra de ‘actos de resistencia no agresiva”, destaca el texto del Belisario Domínguez.
Ante estas situaciones se incrementaría la posibilidad de que se cometieran violaciones a los derechos humanos y se diluyera el control civil sobre el sector militar.
Mientras tanto, la iniciativa del senador del Partido Acción Nacional (PAN) Roberto Gil Zuarth, dispone que:
“Art. 22. […] la declaratoria de afectación a la seguridad interior se ajustará a los siguientes lineamientos: c) La Fuerza Especial de Apoyo Federal y la Fuerza Armada Permanente podrán hacer uso legítimo de la fuerza para cumplir con un deber en los términos de la declaratoria de afectación a la seguridad interior; contrarrestar la resistencia no agresiva , agresiva o agresiva grave; impedir la comisión inminente o real de delitos; proteger de una agresión bienes jurídicos tutelados; actuar en legítima defensa; y, controlar a una persona que se resista a la detención en caso de flagrancia”, dice en la iniciativa del PAN.
La propuesta del senador Miguel Barbosa Huerta, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a través dice que las fuerzas armadas no podrán estar en las calles para concretar una operación específica más de 180 días, aunque se le darán las prórrogas indefinidas mientras subsistan las causas que le dieron origen.
