Ciudad de México.- Una conferencia de integrantes de la agrupación Agua para Todos convocada hoy en instalaciones de la Asamblea Legislativa del DF (ALDF), dejó al descubierto las pugnas y la politización que prevalece en torno al proyecto de dictamen de Ley de Sustentabilidad Hídrica que está próximo a discutirse y aprobarse en ese órgano legislativo.
Convocada de última hora por el legislador del partido Morena, Alfonso Suárez del Real, la conferencia tenía por objetivo dar a conocer la postura en contra de Agua para Todos respecto al dictamen que se prepara al seno de las comisiones unidas de Gestión Integral del Agua, Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático, y de Administración Pública local.
A decir de los integrantes de esa organización, el dictamen se ha construido en “lo oscurito”, sin la participación de la ciudadanía, además de que se vulnera el derecho humano al agua y deja abierta la posibilidad de que se privaticen diversos procesos relacionados con la distribución y abasto del vital líquido.
Dieron lectura a una Carta Compromiso con los Derechos Humanos y Constitucionales al Agua, que distribuirán entre legisladores de distintos partidos en busca de que la firmen y se comprometan a incorporar su contenido en la Ley de Sustentabilidad Hídrica.
En el documento plantearon que se eliminen mecanismos que impliquen la injerencia de corporaciones privadas con fines de lucro en la gestión del agua; promover la participación ciudadana en la consecución del acceso equitativo y sustentable al agua; reconocer el derecho de los pueblos originarios a utilizar, administrar y conservar las aguas en los territorios que habitan u ocupan; así como poner fin a prácticas discriminatorias y lograr el acceso equitativo del vital líquido para uso doméstico y servicios públicos básicos.
La conferencia la encabezaron Natalia Lara y Helena Caeri Baca, quienes durante la sesión de preguntas y respuestas fueron increpadas por personas que se dijeron investigadores de la UAM y de la agrupación denominada Coordinación de Organizaciones del Anáhuac, aunque después se supo que eran asesores de la diputada del PAN y presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua, Wendy González.
Alfredo de Alva, asesor de la legisladora del PAN, rechazó lo dicho por Natalia Lara y Helena Caeri. Expuso que en ninguna parte del proyecto de dictamen se viola el derecho humano al agua ni se habla de la privatización de la misma. Incluso, en entrevista, aseguró que en la propuesta de Ley de Sustentabilidad Hídrica se exagera al defender ese derecho, además de que se homologa con la Constitución de la Ciudad de México y con tratados internacionales, y cuenta con una contraloría ciudadana.
Quienes acompañaron a De Alva acusaron que la organización Agua para Todos fue invitada a mesas de trabajo que se realizaron a lo largo de un año en instalaciones de la ALDF, y señalaron que esa agrupación nunca se presentó a las mismas, por lo que rechazaron que el dictamen de la ley se construyera sin el conocimiento ni la participación de la ciudadanía.
Caldeados los ánimos y pérdida toda organización de lo pretendió ser una conferencia, Natalia Lara expuso que la Ley de Sustentabilidad Hídrica no es una legislación de avanzada, se privilegian intereses económicos, no existen mecanismos para garantizar la participación ciudadana, la contraloría no tendrá funciones autónomas, no se garantizan derechos de los pueblos originarios, además de que no hay plan para eliminar discriminación en el abasto.
La frustrada conferencia concluyó entre dimes y diretes de los que intervinieron en el uso de la palabra y con una tibia mediación del diputado Suárez del Real, quien propuso mesas de diálogo que permitan diluir las diferencias.
El jueves de la semana pasada se canceló sin razón aparente la sesión de trabajo de las comisiones unidas en donde se discutiría y aprobaría el dictamen, bajo la presunción de que durante el periodo extraordinario de sesiones que inició este martes se pueda aprobar en comisiones y en el Pleno.
