Ciudad de México.- Los partidos de izquierda en la Asamblea Constituyente terminaron de cerrarle la puerta a la posibilidad de penalizar la interrupción del embarazo en la capital del país, al evitar que prosperara una propuesta del PRI, PAN y sus bancadas aliadas para incorporar el derecho a la vida en la futura Constitución local.
Luego de casi tres horas de debate, durante las cuales intervinieron alrededor de 25 oradores de todos los grupos parlamentarios, el concepto de derecho a la vida quedó fuera del artículo 14, apartado A, numeral 1.
En esa parte del texto, los partidos de derecha buscaban que quedará establecido que, en la Ciudad de México, todas las personas tienen derecho a la vida.
Gabriela Rodríguez, diputada de Morena, consideró que aprobar esa redacción era una trampa para que en el futuro se criminalizara a las mujeres que interrumpieran su embarazo. Expuso que en 18 estados del país donde se incorporó el derecho a la vida en las constituciones locales, comenzó una persecución en contra de mujeres que abortaron.
Lol Kin Castañeda, del PRD, y Bernardo Bátiz, de Morena, argumentaron que el derecho a la vida no debería quedar en este artículo 14, pues el mismo habla del derecho a una vida digna, pero para alcanzar un nivel de desarrollo humano adecuado.
Bátiz acusó que lo que la derecha pretendía era aprobar por la puerta de atrás lo que ya fue rechazado, pues el derecho a la vida también fue tema de discusión cuando se votó el artículo 11.
Legisladores como Kenia López, Mauricio Tabe y Santiago Creel, del PAN; Lizbeth Hernández, del PRI, y Hugo Erick Flores, del PES, argumentaron que su intención al incorporar el derecho a la vida no buscaba criminalizar a las mujeres, sino tan sólo priorizar el derecho a la vida por encima de todos aquellos principios y derechos que ya se han aprobado en esta Constitución.
Armando Martínez, legislador del PVEM y abogado del cardenal Norberto Rivera, argumentó sobre la redacción original del artículo 14, conceptualizado como vida digna. Dijo que no se puede ni debe engañar a la gente con la ambigüedad de conceptos ni espejismos.
La vida digna no es equivalente a vida y dignidad, expuso el también presidente del Colegio de Abogados Católicos, quien agregó que ni la dignidad no la vida se votan ni se venden. Expuso que la dignidad es un derecho derivado y subordinado a la vida.
Mientras estuvo en tribuna, Martínez enfrentó acusaciones de las diputadas del PRD, Ana Julia Hernández, y Patricia Ortiz Couturier, de Morena, quienes acusaron al del PVEM de ser abogado de sacerdotes pederastas, pero venir a hablar de derecho a la vida. En respuesta, el abogado católico dijo que estaba en tribuna para ofrecer argumentos técnicos y jurídicos sobre la vida.
Debido a que la propuesta de los partidos de derecha no se incorporó, el Pleno sometió a votación la redacción del numeral 1 en los términos del dictamen, en el cual se establecía que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, así como a la mejora continua de su existencia”.
Esta redacción se aprobó con 56 votos en pro de los partidos de izquierda y 33 en contra de los partidos de la derecha, sin embargo, no alcanzó el respaldo de las dos terceras partes de los legisladores presentes. Se necesitan 60 votos para que se ratificara y se integrara al dictamen general.
Por acuerdo de todos los coordinadores parlamentarios, lo que ya no se apruebe en esta etapa final de la Asamblea Constituyente ya no regresará a comisiones para buscar una nueva redacción. Así, se desechó de plano el numeral 1.
