Ciudad de México.- La Asamblea Legislativa del DF (ALDF) pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declare el sobreseimiento de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la PGR, la CNDH y los partidos políticos Morena y Nueva Alianza en contra de la Constitución de la Ciudad de México.
El órgano legislativo que preside el perredista Leonel Luna, argumentó que en una acción de inconstitucionalidad es indispensable demandar o dar vista a la autoridad que emitió la norma impugnada, la cual no fue la ALDF.
Este argumento de la Asamblea Legislativa está contenido en el informe de 41 cuartillas que remitió a la SCJN como parte del proceso de impugnación que se sigue contra la Constitución capitalina. En su momento, el ministro ponente de este tema, Javier Laynez, notificó a la ALDF, por considerar que tiene la función legislativa permanente de la Ciudad y, en virtud de que la Asamblea Constituyente culminó sus funciones el pasado 5 de febrero, cuando se publicó dicho ordenamiento.
En este informe, la ALDF insistió en que no intervino en el proceso de creación de la Constitución local y agregó que la Asamblea Legislativa sólo está facultada para expedir las leyes secundarias en materia electoral, de las alcaldías, así como de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Así, la ALDF consideró que las impugnaciones promovidas son improcedentes, “debido a que este órgano legislativo no emitió la Constitución Política de la Ciudad, por lo que no se puede ser parte en la presente acción de inconstitucionalidad”, se lee en los argumentos.
Agregó que la Asamblea Legislativa no tiene la función legislativa permanente, como lo argumentó el ministro Javier Laynez, ya que dicho órgano legislativo desaparecerá cuando entre en vigor la Constitución capitalina y surja en su lugar el primer Congreso de la Ciudad.
Pidió también a los ministros de la Corte que llame, como autoridad demandada a la Asamblea Constituyente a través de quien fue el presidente de su Mesa Directiva, Alejandro Encinas.
Así, la ALDF presentó este informe bajo un principio jurídico denominado “ad cautelam”, en el cual establece que no es la autoridad competente para responder, pero que lo hace bajo el entendido de que la propia SCJN le hizo la notificación
