Ciudad de México.- En ocho de cada 10 delitos que se cometen en la Ciudad de México hay algún elemento tecnológico que puede ayudar a resolver el crimen o reforzar las imputaciones del Ministerio Público en contra de los implicados, aseguró el jefe del Estado Mayor Policial de la Secretaria de Seguridad Pública capitalina, José Gil García.
Sin embargo, ni los jueces ni los elementos del Ministerio Público solicitan los datos para robustecer sus criterios judiciales ni reforzar las imputaciones en contra de los implicados; falta de coordinación entre las partes que están aprovechando los criminales para alcanzar su libertad y volver a delinquir.
“Un dato importante es que en ocho de cada 10 delitos está presente la tecnología. Tenemos un teléfono celular, una plataforma electrónica, un modem de wifi; computadoras fijas, lap top, nos proporciona los datos de qué está viendo o que vio esa persona, qué páginas visitó.
“La computadora del automóvil nos pueden decir dónde estuvo el vehículo y el tiempo de recorrido, un celular, los contactos y posible red de vínculos; las cámaras distribuidas en las calles y los videos que se captan. Información muy importante pero que no no la piden”, dijo el funcionario.
Denunció que ni el personal de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México ni los jueces están apoyando sus investigaciones y acusaciones ministeriales; así como sus criterios jurídicos, con las pruebas obtenidas a través de medios tecnológicos y base de datos de inteligencia policial.
Pues no solicitan a la SSPCDMX los videos u otros elementos de prueba con los que podrían imputar al indiciado y solicitar la prisión preventiva oficiosa y así evitar la reincidencia
“Ni los Ministerios Públicos, ni los jueces nos piden a las áreas de inteligencia la información que tenemos de seguimientos, de reconocimientos, de videos y mucho menos el análisis de esta información, y con ello hacer la integración de una carpeta de investigación, una teoría del caso…, por ejemplo no nos piden los videos de los robos a cuentahabientes al interior de los bancos, y luego dicen que la víctima no los reconoció y no hay imputación firme y categórica”.
“El tema es que tanto los fiscales como los jueces tienen que pedirle a las áreas de inteligencia, que son las que integran y obtienen la información tanto de cámaras, bases de datos, lo que ocurre en las calles, y que es información de operación policial y que la analiza; bueno toda esta información no es solicitada ni por el Ministerio Público ni por los jueces”.
El funcionario explicó que se presume que al menos el 50 % de los detenidos son reincidentes, de ellos, al menos el 20 % tiene más de dos detenciones, principalmente por robo en diversas modalidades.
Lo que significa que no hay una buena coordinación entre las instituciones encargadas de la prevención, procuración e impartición de justicia, y eso lo intuyen los criminales, y lo aprovechan para seguir cometiendo delitos.
“Aunado a esto no hay una adecuada coordinación, pues el resultado es lo que está pasando, estamos vinculando a proceso, estamos resolviendo en los juicios orales lo que se agarra en flagrancia y no estamos generando investigación”, lamentó José Gil García.