Ciudad de México.- La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, Perla Gómez, consideró que el nuevo Sistema Penal Acusatorio requiere una revisión y actualización, pero aclaró que eso no debe significar un retroceso o un regreso al sistema anterior.
"Todo Sistema necesariamente y después de una operatividad, más éste que cambia todo un paradigma, sí requiere una revisión integral. ¿Qué es lo que hay que tener atención todas y todos, la propia Comisión en su momento cuando veamos las propuestas? Es que no sea retroceso, es que sí permita actualización y no rompa el principio de presunción de inocencia", expuso.
Consideró que aquellos temas en los que debe haber revisión dentro del Sistema son los relacionados con la actualización de tipos penales, como la portación de armas o tipos de ilícitos que ya en concurrencia pudieran ser agravados.
"Pero ese análisis sí tiene que ser muy técnico, revisando sobre datos duros y sobre tendencias que están marcando a nivel país las preliberaciones en todos los estados", detalló Gómez.
En entrevista con CapitalCDMX, la ombudsperson agregó que esta revisión se debe realizar sobre datos de su operatividad en todos los estados de la República para una posible actualización, no un regreso.
"Yo creo que ahí sí hay una parte que no se puede quitar del Sistema, es el principio de presunción de inocencia y la calidad técnica de las pruebas. Ahora más que nunca, más que una confesional, los peritajes van a mandar, entonces, eso nos va a dar certezas, pero también tenemos que darles los instrumentos y herramientas. Hay que decirlo con toda claridad, no están lo suficientemente asignados los presupuestos, sí hace falta personal y sí hace falta capacitación", dijo.
Luego de ocho años de vacatio legis para la entrada en vigor de la ley que da lugar al Sistema Penal Acusatorio, Perla Gómez dijo que la Comisión de Derechos Humanos apuesta sobre todo a la reinserción social de las personas que saldrán libres gracias al nuevo esquema.
En segundo lugar, destacó, tiene que ver con la capacitación de los distintos operadores del Sistema, como la Policía de Investigación, Ministerios Públicos y Peritos, así como los propios operadores jurídicos dentro del Tribunal Superior de Justicia local, entre los que están el Juez de Control.
"Ahora no es que la persona detenida tenga que demostrar su inocencia, sino que el Estado tiene que demostrar su culpabilidad y de ahí la importancia de no generar una desconfianza en la sociedad que por falta de capacitación salga quien no debería de estar saliendo. Pero también les mete más controles porque ahora no pueden detener como quiera a cualquier persona y asignarles delitos que no corresponden", expuso la titular de la Comisión.
