Ciudad de México.- El contralor capitalino, Eduardo Rovelo, advirtió que ante el reto que impone la construcción del nuevo Sistema Anticorrupción para la Ciudad de México, el cual debe estar listo a más tardar el 19 de julio, los tiempos nos van ganando.
Durante su participación en el foro Rendición de Cuenta y Mejora del Gasto en la CDMX organizado por la ALDF, el funcionario enlisto la serie de necesidades, desde presupuestales y técnicas hasta de capacitación de personal, para implementar en la capital del país el Sistema Anticorrupción.
“Mi pregunta sería si ya contamos con la suficiencia presupuestal, si tenemos los recursos humanos, la capacitación suficiente para aplicar un nuevo sistema de responsabilidades, si ya tenemos las áreas que armonicen la plataforma digital con los componentes respectivos, y creo que los tiempos nos van ganando”, expuso ante especialistas, académicos y diputados locales.
Recordó que a la ALDF le toca la tarea de armonizar hasta 11 leyes locales con el marco jurídico federal en la materia, tal y como lo mandata la Ley General de Sistema Nacional Anticorrupción.
Se mostró preocupado por el poco tiempo que queda para realizar esa tarea, al recordar lo que ocurrió con el sistema de justicia adversarial acusatorio, para el cual hubo un plazo de ocho años otorgado a las entidades federativas a fin de armonizar su marco legal.
Recordó que ese plazo de ocho años se venció en agosto de 2016 y aún hoy hay entidades que no han realizado esa armonización o que enfrentan muchas inconsistencias dentro de su marco jurídico para aplicar esas adecuaciones.
Pero además, agregó que el reto no sólo es armonizar leyes, sino también generar todas las condiciones jurídicas para contar con un Fiscal Anticorrupción para la Ciudad, así como tener un Comité de Participación Ciudadana y una secretario técnica dentro del propio Sistema, que funcionará como un órgano desconcentrado de la administración pública local.
Rovelo se refirió al nuevo esquema de responsabilidades administrativas contenido en la Constitución federal que se aplicará a partir de julio de este año, en el cual se señala una responsabilidad política, una responsabilidad administrativa, otra penal y una más de carácter patrimonial.
“Hay una figura que se incluye en el artículo 22 constitucional, que tiene que ver con las causas o los delitos para ejercer la extinción de dominio, uno de estos delitos antes era delincuencia organizada, narcotráfico, robo de vehículos, trata de personas, esos grandes delitos que eran parte de la delincuencia organizada y ahora el legislador incluye el enriquecimiento ilícito a cargo de servidores públicos o bien, de particulares que tengan que ver con relaciones de la administración pública”, destacó el contralor.
Ya en entrevista, Rovelo reveló que ayer, al concluir el plazo para que los servidores presentaran su declaración de bienes, 27 mil funcionarios entregaron su 3 de 3, que además de su declaración patrimonial incluye la fiscal y la de conflicto de interés. El año pasado fueron 24 mil las declaraciones recibidas.
