Ciudad de México.- A partir del 1 de octubre pasado, los nueve millones de habitantes de la Capital CDMX comenzamos a vivir bajo el mandato de 16 alcaldías, que se supone, dejaron de ser poderes unipersonales y los de mayor proximidad ciudadana.
Para dotarlos de autonomía se incluyó en cada alcaldía un concejo de 10 personas de diferentes partidos. En teoría seis de ellas simpatizan u obedecen al alcalde porque fueron electos en planilla, pero la realidad es que ninguno de los 16 alcaldes hoy en día cuenta con un concejo con mayoría orgánica por las coaliciones electorales.
Eso sería de celebrarse debido a que se requieren contrapesos en cada alcaldía para que dejen de ser poderes unipersonales; sin embargo, esa autonomía y contrapesos están en riesgo por tres factores.
El primero es que los alcaldes, con colmillo político, como Clara Brugada, quien vuelve a gobernar Iztapalapa, han empujado un proyecto legislativo para dejar a los concejales como meras figuras de ornato.
El segundo es la vulgaridad de alcaldes y concejales que han comenzado una serie de negociaciones para ser concejos a “modo” y eso incluye darle direcciones de gobierno a concejales, si se tiene alguna duda hay que ver lo que pasa en Azcapotzalco e Iztacalco.
En Cuauhtémoc se ha hecho política para tener bien consentidos a los alcaldes y ya les hicieron oficinas de primer nivel a los concejales para que no respinguen y trabajen de la mano del alcalde Néstor Núñez.
El tercero es la legislación que discute el Congreso de la CdMx para crearles una estructura de dos coordinadores territoriales, lo cual puede ser un beneficio para el desarrollo de sus tareas, pero también la creación de más burocracia sin un resultado a favor de la ciudadanía.
Los concejales van a costar al erario unos 19 millones de pesos, pero al momento en ninguno de ellos se ve un ejercicio claro para mejorar la gobernanza de las nuevas alcaldías. Esperemos la orientación que realiza el Congreso de la CDMX, aunque pinta para mantener caciques, ahora con sus 10 enanos.
Reparto de plazas
En la primera legislatura del Congreso de la CdMx aún no se define el nombramiento del personal administrativo que se divide en ocho entes como Tesorería, Oficialía Mayor, Comunicación Social, entre otras, pero lo que está claro es que ahí hay 322 plazas laborales en juego.
Según la visión de Morena, las titularidades de estas áreas deben quedar en manos del partido, pero la estructura debe dividirse democráticamente con todas las fuerzas parlamentarias.
La inoperatividad de las siete legislaturas de la extinta Asamblea Legislativa del DF (ALDF) fue que gran parte de esas plazas se repartían entre cuotas y aviadores. Ahora el reto es lograr una reingeniería eficaz para lograr que el Poder Legislativo funcione y no sea una fábrica de dispendio de recursos públicos.
El área de comunicación social es sustantiva porque siempre se ha utilizado para promover la imagen del presidente del Poder Legislativo y no la agenda parlamentaria, por ello, hoy en día la mayoría de los capitalinos ignora de su existencia y el gasto anual de más de 2 mil millones de pesos de los contribuyentes.
¿Y el Canal?
Varios se han preguntado cuál será el futuro del Canal del Congreso de la CDMX que muchos legisladores aseguran no ha logrado posicionarse en el espectro de la televisión de cable.
Nos comentan que seguirá vivo pero se regresará a Capital 21, la televisora pública del Gobierno de la Ciudad de México.
El acuerdo hasta ahora es que el Canal seguirá intacto en su contrato, que data de la sexta legislatura de la ALDF, para concluir este año y a partir de 2019 será un apéndice de Capital 21.
Esperemos que la televisión pública de la CdMx deje de ser un negocio privado y se convierta en un brazo fuerte de comunicación entre la ciudadanía y sus autoridades.
NOCAUT. En la alcaldía Magdalena Contreras, los trabajadores ya pusieron contra las cuerdas a la alcaldesa Paty Ortiz, a quien en menos de una semana ya le tomaron las oficinas para exigirle la destitución de sus funcionarios de Protección Civil por ni más ni menos llegar con un trato “déspota” a los empleados y a ciudadanía.
