Ciudad de México.- El pasado miércoles 26 de agosto, de refilón y deslizándolo sin aspavientos, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo por el que diputados federales y senadores exhortaron a los congresos de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) a generar leyes que regulen el servicio de taxi por medio de tecnologías de la información, léase Uber y Cabify.
Este punto de acuerdo se aprobó por unanimidad de los legisladores y de manera económica, es decir, sin discusión de por medio, justo en la última sesión de trabajo de la Comisión Permanente, a pesar de que el documento tenía un mes en espera de aprobación.
En el resolutivo del punto de acuerdo se lee lo siguiente: “ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Legislaturas de los Estados de la República, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a valorar la pertinencia de legislar sobre las nuevas modalidades del servicio de transporte de pasajeros en vehículos de alquiler por medio del uso de tecnologías de la información y la comunicación, propiciando la integración de innovaciones en la calidad en el servicio, mayor beneficio para los usuarios y mejores oportunidades laborales para los taxistas”.
He escuchado decir que los puntos de acuerdo son como llamados a misa, porque los atiende quien quiere y cuando quiere, esto es, no tienen carácter vinculante y las autoridades a las que se les hacen los exhortos no están obligadas a atenderlos.
Sin embargo, los puntos de acuerdo como el que nos ocupa son posiciones de carácter político en los que diputados y senadores plasman puntos de vista y son utilizados por ellos como una herramienta de presión mediática para hacer un llamado de atención a otros poderes, a gobiernos de los estados y autoridades diversas.
Por lo tanto este documento deja de manifiesto lo que el Legislativo federal, de todos los partidos políticos, piensa sobre el servicio de taxi a través de estas empresas de vehículos de alquiler, y revela que para ellos los controvertidos Uber y Cabify deben ser regulados y permitidos no sólo en la capital del país sino en toda la República.
Muy interesantes resultan los argumentos plasmados en la exposición de motivos de este punto de acuerdo, presentado el pasado 23 de julio por el senador del PT, Marco Antonio Blásquez Salinas y que, como ya mencioné, respaldaron legisladores de todos los partidos.
De acuerdo con el legislador, esta nueva modalidad de servicio surgió en respuesta a la necesidad de atención inmediata cuya sensación se produce cuando el servicio se solicita desde el lugar en que se encuentra el usuario y tiene la certeza de que en un tiempo determinado, casi siempre corto, pasará una unidad específica para brindarle el servicio.
El senador argumenta que en nuestro país solo un selecto grupo de personas disfrutan de los servicios bancarios como tarjetas de crédito –modalidad bajo la que se cobra el servicio- lo que implica que el nuevo esquema de taxi no representa una competencia inmediata y directa para otros vehículos de alquiler.
Recuerda que las empresas y sus asociados aducen que operan gracias a que celebran contratos de transporte privado entre particulares, por lo que no necesitan una concesión, sin embargo, lamenta que la actitud de las autoridades se ha caracterizado por la indiferencia o la reticencia a intervenir, lo cual revela la falta de claridad en cuanto al encuadre jurídico de los nuevos servicios.
“Es claro que para prestar el servicio de transporte de pasajeros en vehículos de alquiler, quien lo haga queda sujeto a las normas, principios y obligaciones del derecho administrativo en la rama específica del transporte público de personas”, se lee en el punto de acuerdo aprobado, en donde además se argumenta que la regulación garantizaría los derechos de los usuarios.
Pero un elemento nodal en la exposición de motivos es el siguiente: “Por tratarse de un fenómeno que afecta la gobernabilidad democrática que se expande por la República y que tarde o temprano llegará a la totalidad de las entidades federativas, la nueva regulación debe dar acceso a los trabajadores del volante para la asignación de nuevas concesiones y, asimismo, brindar la opción a los grupos de concesionarios que quieran prestar servicio a través de aplicaciones usando las tecnologías de la información y la comunicación. En ambos casos, el de las empresas y el de los taxistas, tiene lugar un contrato entre particulares: el prestador del servicio y el usuario”.
Los argumentos ahí plasmados ya generan una orientación, marcan una línea de por dónde deben encaminarse los congresos locales y la ALDF a la hora en la que presenten sus respectivas reformas de ley, ya sea para entregar nuevas concesiones, para permitir la operación regulada de Uber y Cabify o para facilitar a los taxistas tradicionales laborar con tecnologías similares.
Esos argumentos ya quedaron registrados en este punto de acuerdo y no nos extrañe que los veamos copiados casi en su totalidad en las leyes locales que están por venir, porque ese es el negro en el arroz: el caminito que ha delineado el Congreso de la Unión y que permitirá a Uber y Cabify llegar para quedarse.
Aquí la liga al punto de acuerdo para quien quiera consultarlo: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=57298
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