Ciudad de México.- El pasado 18 de junio se cumplió el primer aniversario de la implementación total del Nuevo Sistema de Justicia Penal, y en contraste con las grandes ceremonias realizadas para anunciar su inicio, ahora ninguna autoridad se pronunció al respecto, lo que refleja que el modelo no ha rendido los resultados esperados.
Dicho aniversario coincidió con la salida del procurador general de Justicia de la Ciudad de México, Rodolfo Ríos Garza, quien ha sido fuertemente cuestionado por el incremento de la incidencia delictiva en el territorio capitalino, y la ineficacia de sus agentes ministeriales para integrar las carpetas de investigación lo que se traduce en la liberación de los presuntos responsables.
Otro síntoma del fallido sistema es la propuesta del actual jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, como parte de su labor de Coordinador de la Comisión de Seguridad y Justicia de la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago), de agravar otra vez todos los tipos de robo, así como la posesión de armas, reforma al sistema penal que se llevaría hasta el Congreso de la Unión.
Esta medida coincide con la que aplicó Marcelo Ebrad, con la “Cero Tolerancia” que abarrotó las prisiones locales, y que llevó a una crisis severa al sistema penitenciario local, y llegó a su nivel histórico de 42 mil internos.
Dentro de las propuestas de Mancera Espinosa ante la Conago, no figura ninguna- por lo menos que haya hecho pública- que hable de la preparación de los agentes ministeriales, la Policía de Investigación, los asesores jurídicos o contratar más personal para ayudar a los servidores públicos con la actual sobrecarga de trabajo en las agencias del MP.
Como parte de las reformas penales a través de una miscelánea penal de 45 delitos graves quedaron sólo 15, entre ellos, homicidio doloso, violación, pederastía, turismo sexual infantil, corrupción de menores, robo agravado, robo con violencia.
Además de los delitos que tienen que ver con la seguridad del Estado, como espionaje, sabotaje, traición a la Patria, ilícitos cometidos con armas o explosivos; delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, trata de personas, merecen cárcel durante el proceso.
Las actividades relacionadas con el crimen organizado, tráfico de drogas, delitos contra la salud y otras conductas son graves y se decreta la pena privativa de la libertad, pues no se les puede brindar medidas alternativas o reparación del daño, sólo el procedimiento abreviado.
Sin embargo fueron desagravados o con derecho a la libertad bajo caución: el lavado de dinero, fraude, extorsión, robo de hidrocarburos, delitos relacionados con propiedad intelectual (piratería); con la propiedad industrial, delitos contra el medio ambiente.
Tráfico de personas; tráfico, introducción y portación de armas, delitos fiscales, robo sin violencia (las farderas), falsedad de documentos, falsedad de declaración, y algunos tipos de portación de drogas.
Todo esto aunado al denominado hipergarantismo, es decir todas aquellas medidas cautelares como la reparación del daño a la víctima, la libertada bajo fianza, el brazalete electrónico, la firma periódica, la restricción territorial para desplazarse; la restricción de acercarse a la víctima, la mediación para que las partes en conflicto lleguen a un acuerdo, entre otras, han dejado una impresión de impunidad entre las víctimas y la sociedad en general.
Al respecto, el abogado Gabriel Regino, dijo que si se tuviera que calificar a la oralidad a un año de su arranque, el Sistema Penal Acusatorio- en teoría- tiene 10, pero que en su aplicación, principalmente en la autoridad ministerial y oficiales secretarios tiene cinco.
Y es que el problema que enfrenta la sociedad no deriva en sí mismo en el sistema Acusatorio sino en la forma en que ha sido aplicado, principalmente por la autoridad ministerial que aún sigue sin entender el espíritu mismo del nuevo modelo.
Además que los jueces locales y federales tienen miedo de liberar a los internos y prefieren que sea un juez de amparo quien tenga que aplicar la norma del artículo Quinto Transitorio que tiene que ver con la retroactividad de la miscelánea penal para aquellos inculpados, procesados y sentenciados bajo el antiguo esquema.
El litigante negó que el Quinto Transitorio sea la causa de que se estén liberando a presos como se ha divulgado, pues de las libertades cautelares solicitadas ante los jueces de la causa por el Quinto Transitorio sólo el 20 por ciento han sido otorgadas.
“Actualmente los litigantes se están enfrentando al temor de los jueces a aplicar lo que es la ley, y aplicar la técnica de que mejor resuelva el superior, eso nos lleva a que la determinación sobre la vigencia del quinto transitorio, y puedan llegar hasta los amparos para resolver todo ese procedimiento, pero en cuanto empecemos a denunciar a los jueces por no querer aplicar la ley van a empezar a hacer su trabajo”, dijo el especialista.
La organización civil Alto al Secuestro denunció que a un año de la aplicación del Sistema Penal Acusatorio hay un incremento en los homicidios dolosos, secuestros, lesiones, extorsiones, robo con violencia, delitos sexuales y violación.
Indicó que de junio de 2016 a mayo del presente año se presentó el aumento de la incidencia delictiva, por lo que es necesario que se realice una auditoría para conocer en qué se gastaron 50 mil millones de pesos que se destinaron para la implementación del nuevo sistema.
Entre las fallas detectadas por la ONG se encuentra que sólo dos de cada cien asuntos ingresados terminan en juicio oral, mientas que una de dos causas tiene sentencia absolutoria.
