Ciudad de México.- La reforma constitucional del 29 de enero de 2016 representa uno de los avances más importantes que ha tenido la Ciudad de México. Para muchos significa un simple juego de palabras en cuanto al cambio de denominación de Distrito Federal por Ciudad de México, sin embargo en la realidad representa un mejora en el reconocimiento de los derechos de los que habitamos la Ciudad de México.
El avance en nuestra ciudad se ha logrado poco a poco, entre los antecedentes encontramos la creación de nuestra primera Asamblea de Representantes en 1987; más adelante el 25 de agosto de 1993 se logra la reforma que faculta al Congreso de la unión para expedir el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; y la reforma del 22 de agosto de 1996 que logra la elección directa del Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Las reformas han tenido un trasfondo político, anteriormente el Presidente de la República nombraba directamente al Regente del Departamento del Distrito Federal, quien a su vez nombraba a los Delegados de las demarcaciones territoriales, es decir, a diferencia de los Estados de la República, nuestros derechos político electorales se encontraban limitados.
Al partido en el gobierno no le convenía que los que habitamos la Ciudad de México eligiéramos libremente a nuestros gobernantes, ya que las estadísticas electorales mostraban una clara preferencia por los partidos políticos de izquierda.
El partido oficial temía que al perder la capital del país pudiera perder la Presidencia de la República, de ahí el interés por seguir designando al titular del ejecutivo local, es decir al entonces Regente.
Los partidos políticos de izquierda presionamos y logramos con ello que se diera la primer elección del Jefe de Gobierno del Distrito Federal; los que vivimos aquel 6 de julio de 1997, recordamos aquella fiesta ciudadana en la que el Partido de la Revolución Democrática logró el triunfo con una clara mayoría: el 48% de los votos frente al 25.6% del PRI; y el 15.6% del PAN. La izquierda se consolidó en el Distrito Federal y con ello el temor del partido del Presidente aumentó.
Tuvieron que transcurrir casi diez años para culminar aquella reforma constitucional de agosto de 1996; y fue hasta el pasado 29 de enero de 2016 que logramos la reforma constitucional que da origen a la Ciudad de México.
Dentro de los avances que se logran con la reforma política, uno de los más importantes será la primer Constitución de la Ciudad de México. Absolutamente todos los Estados de la República cuentan con su propia Constitución, la Ciudad de México tenía un Estatuto de Gobierno redactado por el Congreso federal, es decir, el máximo ordenamiento jurídico de nuestra ciudad era impuesto por el poder legislativo federal.
La reforma política permitirá que seamos los capitalinos quienes redactemos nuestra propia Constitución, y con ello podamos atender a las necesidades de los que habitamos este territorio, de ahí la importancia de nuestra participación en la elección de la Asamblea Constituyente el próximo 5 de junio.
Otro de los avances es la creación de las Alcaldías, figura que revolucionará la manera en la que se toman decisiones en las demarcaciones territoriales, anteriormente denominadas “delegaciones”, pues estas contarán con un Alcalde y un Concejo, ambos electos por votación universal, libre, secreta y directa, y cuyo periodo será de 3 años. Los Concejos de las Alcaldías permitirán un contrapeso político en cada una de las demarcaciones territoriales; tendremos mayor pluralidad y con ello mayor legitimidad en la toma de decisiones.
En cuestiones de autonomía, debemos entender que nuestra ciudad ahora gozará de una mayor independencia. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México podrá nombrar libremente al Procurador de Justicia y al Jefe de la Policía de la Ciudad de México.
La VII Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, será la última, para dar paso a la I Legislatura de la Ciudad de México, este órgano legislativo tendrá la posibilidad de participar en las reformas constitucionales, facultad que tienen todos los órganos legislativos de los Estados y que en el caso de la ALDF se encontraba excluida.
Por lo anterior, puede observarse que la Ciudad de México es ahora una entidad federativa con mayor rango de autonomía, al tener ahora su propia Constitución que la faculta para legislar internamente en todas las materias y para elegir a sus servidores públicos de una manera más plural.
Esto refleja una importante victoria para la democracia en la Ciudad de México, pues ahora el gobierno versa en torno a los ciudadanos y no a los gobernantes.
