Ciudad de México.- Muy reveladora, por diversas razones, resultó la nota de ocho columnas del diario Reforma del pasado miércoles 24 de junio.
De acuerdo con esa información, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, una dependencia del gobierno de Enrique Peña Nieto, indaga a Mariagna Prats, ex esposa de Marcelo Ebrard, y a la Constructora Enalser, propietaria de la casa que renta el ex mandatario capitalino en la colonia Roma.
Según las notas informativas que han dado seguimiento al tema, Ebrard habría incurrido en un conflicto de intereses, al vivir en ese inmueble que su gobierno remató.
Lo que extraña y salta a la vista aquí es la intervención de una autoridad federal y no del gobierno de Miguel Ángel Mancera en la persecución a Ebrard, pues si existió alguna irregularidad o daño patrimonial, fue en detrimento del gobierno local.
El mismo miércoles que Reforma publicó la información, Mancera se encargó de deslindar a su gobierno de cualquier indagatoria en contra de su predecesor. “No tenemos absolutamente ninguna petición y nada qué ver en el tema. No tenemos absolutamente ninguna investigación en nuestras áreas”, les dijo el mandatario a los reporteros.
Ese miércoles 24 de junio, en otro diario de circulación nacional, El Universal, la nota principal del rotativo y curiosamente muy desplegada en interiores, se dedicaba a una entrevista con el director del Metro, Joel Ortega, quien a propósito de la Línea 12 del Metro, soltaba una declaración dilapidaría al acusar que su construcción es un fraude a la ingeniería mexicana. “Está pésimamente hecha”, remató el funcionario, con claro remitente hacia su ex jefe, Marcelo Ebrard.
La sincronía de la operación mediática no deja lugar a dudas. La venganza contra Ebrard está en marcha. El objetivo es llevarlo a la cárcel, a que pague por las tropelías que pudo haber cometido al frente de la administración local —que bien merecido se lo tendría–, pero sobre todo para que expíe sus culpas por haber filtrado a Carmen Aristegui la información sobre la “Casa Blanca” de La Gaviota.
Y en esa sinergia que busca hacer “justicia”, van aparejados los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Mancera. De aquí a lo que resta del sexenio la cercanía del mandatario local con el inquilino de Los Pinos no sólo será por el tema de políticas públicas o por la repartición del pastel presupuestal vía las partidas federales.
La alianza será para ir en contra de los adversarios. A Mancera obviamente que le conviene ese acuerdo, porque le deja el trabajo sucio, la fontanería, a la administración de Peña Nieto, mientras él paga el menor costo político y sólo se encarga de salir a lavarse las manos, asegurando que su administración no tiene nada que ver si de perseguir a enemigos políticos se trata.
Los fontaneros de Mancera, que bien podrían operar y diversificarse, ya sea desde la Secretaría de Hacienda, la PGR o la Secretaría de la Función Pública, son el negrito en el arroz de esa alianza entre el Antiguo Palacio del Ayuntamiento y la Residencia Oficial de Los Pinos.
Por cierto, habrá que ver cómo toma nota el obradorismo de ésta sincronía entre los gobiernos local y federal para aplicar “justicia” a los adversarios, porque en una de esas si las huestes del tabasqueño se ponen muy beligerantes e intransigentes en la Asamblea Legislativa del DF o en la delegaciones que ganaron durante las pasadas elecciones, el poder de la Federación se les puede venir encima.
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