Ciudad de México.- De prosperar la acción de inconstitucionalidad que promovió la PGR en contra de la Constitución capitalina, derechos que habían quedado consagrados para los periodistas se perderán.
No sólo desaparecería el derecho al secreto profesional, sino también la cláusula de conciencia que permitiría a los comunicadores negarse a firmar con su nombre una información que les exijan sus jefes o editores. Además, estarían obligados a revelar sus fuentes de información.
Uno de los aspectos que la PGR combate en la impugnación promovida contra la Constitución capitalina tiene que ver con la posibilidad de que los periodistas mantengan el secreto profesional, pero va más allá, pues combate todo un párrafo de derechos y garantías que no se relacionan con el secreto profesional.
Para la dependencia federal, establecer el secreto profesional para periodistas resulta discriminatorio de otras profesiones, cuya función social requiere de igual o mayor protección.
En la acción de inconstitucionalidad que la Procuraduría presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se pide así la invalidez del artículo séptimo, apartado C, numeral 2 de la Constitución de la Ciudad.
En ese numeral quedó consagrado que “las personas profesionales de la información tienen derecho a desempeñarse de manera libre y a mantener el secreto profesional, que salvaguarda a periodistas y colaboradores periodísticos en cumplimiento de sus funciones, así como a no ser obligados a revelar sus fuentes de información. En su desempeñó se respetará, como eje fundamental, la cláusula de conciencia para salvaguardar su dignidad personal y profesional e independencia”.
En sus alegatos, la PGR argumenta que, al emitir el artículo séptimo en mención, lejos de priorizar el principio de igualdad jurídica y el principio de no discriminación, lo deja de lado para reconocer el derecho a desempeñarse de manera libre y a mantener el secreto profesional sólo a una profesión particular –lo periodistas–, sin detenerse a advertir que ha dejado sin protección alguna a otros profesionales cuya función social requiere de igual o incluso, mayor protección.
“En razón de lo anterior, no existe una necesidad, que sea constitucionalmente admisible y proporcional, para proteger a una profesión como el periodismo con el reconocimiento del secreto profesional y a otras profesiones como la médica, la jurídica-litigiosa, la psiquiátrica, la psicológica, la pedagógica, entre otras, dejarlas sin ese derecho que resulta fundamental para su desarrollo adecuado”, se lee en la acción de inconstitucionalidad.
Por lo anterior, la PGR planteó que se debe expulsar de la Constitución local las porciones normativas señaladas, a efecto de erradicar cualquier tipo de discriminación por razones de profesión. “De esta forma, la cláusula impugnada no sólo protegería a los periodistas, sino a todas aquellas profesiones que no sólo echan mano del secreto profesional, sino que el mismo es parte fundamental de su ejercicio”, concluyó la Procuraduría.
