Ciudad de México.- En un año de trabajo el GIEI evidenció las pifias en las investigación de la PGR; denunció torturas contra los detenidos, y provocó una investigación en contra de las funcionarios que encabezaron las pesquisas, pero no encontró a los estudiantes.
El trabajo de Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) concluye con una investigación oficial en contra de Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal, quien integró el expediente del caso Ayotzinapa desde que lo atrajo la PGR.
Luego de presentar su primer informe el pasado 7 de septiembre del 2015, donde se cuestionó la “verdad histórica” sobre el caso, el trabajo del GIEI se hizo incómodo a las instituciones, aún con ello se firmó un segundo contrato por seis meses para que continuaran con la revisión de las actuaciones ministeriales, mismo que concluye el 30 de abril.
Meses después de sus primer informe, los integrantes del GIEI, sobre todo la ex fiscal colombiana, Ángela Buitrago, enfrentaron una campaña mediática que cuestionaba su calidad ética y moral, inclusive el propio secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Emilio Álvarez Icaza, fue acusado públicamente de malversación de los recursos del Estado mexicano para financiar la intervención del GIEI en el caso Ayotzinapa.
La relación entre la GIEI y la PGR se fracturó definitivamente cuando la Procuraduría presentó, sin consulta previa a los integrantes del interdisciplinario, el resultado preliminar del Grupo Colegiado de Expertos en Materia de Fuego, quienes señalaron que había vestigios que los días 26 y 27 de septiembre se había registrado un fuerte incendio en el tiradero de Cocula, y que se habían encontrado restos óseos de 17 personas, aunque no se puntualizó que se tratara de los estudiantes.
Estas conclusiones fueron interpretadas por la PGR y algunos medios de comunicación como la confirmación de la hipótesis de que los normalistas fueron calcinados en el tiradero de Cocula, y no como había refutado el Interdisciplinario.
Dicha información, aunado a la campaña para evidenciar los yerros de los expertos en el pasado, restó credibilidad al GIEI y a su trabajo, por lo que estaban concluyendo su gestión en el descrédito.
Sin embargo, el domingo 24 de abril, presentaron su informe final donde denunciaron que el 80 por ciento de los detenidos por el caso Ayotzinapa habían sido víctimas de tortura para obtener confesiones con base a las líneas de investigación de la PGR, entre ellos, Gildardo López Astudillo, “El Cabo Gil”.
Además de presentar públicamente partes de un video tomado por un medio de comunicación el 28 de octubre del 2014, en el que se observa a Tomás Zerón en las inmediaciones del Río San Juan acompañado de uno de los detenidos, Agustín García Reyes, alias “El Chereje”.
Sin embargo, dicha diligencia no forma parte de las actuaciones de la PGR, ni están asentadas en la averiguación previa, lo que hace presumir al GIEI que las dos bolsas donde presuntamente fueron encontrados los restos de los estudiantes fueron sembradas.
En respuesta, Zerón de Lucio convocó a conferencia de prensa y presentó el mismo video, pero ahora con la versión de la PGR, y detalló que las diligencias a las que se refiere el GIEI se hicieron a la luz pública, con conocimiento del Alto Comisionado de Naciones Unidas y en presencia de sus representantes, y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
Pero, tanto la Oficina de la ONU y el EAAF, desmintieron públicamente y a través de los respectivos comunicados dicha información, y se deslindaron del Tomás Zerón y su supuesta diligencia en el Río San Juan. Previamente el GIEI acusó al funcionario de haber tergiversado la información y haber editado el video presentado a los medios, pues estaba conformado con tomas de otros filmes.
Ante la polémica la PGR abrió una averiguación en torno a la actuación de los servidores públicos que se presentaron en el Río San Juan el 28 de octubre del 2014, entre ellos, Zerón de Lucio.
“Con fecha 27 de abril del presente, la Oficina de Investigación del Caso Iguala, adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, dio vista de este asunto a la Visitaduría General para que en pleno ejercicio de sus atribuciones, proceda a investigar la actuación de los servidores públicos de la Institución en estos hechos y, en su caso, finque las responsabilidades correspondientes”, informó la dependencia.
En el año de trabajo del GIEI echó por tierra toda la investigación de la PGR y la “verdad histórica” del ex procurador, Jesús Murillo Karam, con la que se pretendía dar por cerrado el caso al establecer que los normalistas habían sido calcinados hasta las cenizas en el tiradero de basura de Cocula.
Evidenció las deficiencias procesales y la fundamentación de la investigación con confesiones autoincriminatorias obtenidas a través de tortura, carentes de una metodología científica y pericial para confirmar y contrastar los dichos de los detenidos.
El GIEI se despide de las autoridades mexicanas con 20 puntos recomendatorios, principalmente por la falta de fundamento científico en sus métodos de investigación, basados en torturas, y más que certezas vino a poner en evidencia el trabajo realizado hasta el momento por las instituciones en torno a la desaparición de los normalistas en Iguala, no es apagado a la verdad.
Aunque, el experto Francisco Cox dijo en la presentación pública de su último informe que se van del país con la frustración de no haber encontrado a los estudiantes, mientras que la investigadora Claudia Paz y Paz, dijo que: “ya no hay condiciones para seguir trabajando en México”.
Y es que, en el año de trabajo del GIEI, la prioridad de establecer el paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa quedó superada por las contrastes de criterios entre los expertos de diferentes grupos a cargo de los peritajes y revisión de los expedientes, así como el rompimiento de los acuerdos por parte de la PGR; campañas de descalificación contra el GIEI, y rumores de financiamiento del crimen organizado para los voceros de los padres de las víctimas.
A 17 meses de la tragedia al menos siete instancias y grupos han tomado conocimiento del caso, tres han estado al frente de las investigaciones y han integrado la averiguación correspondiente: el municipio de Iguala, Gobierno de Guerrero y la Procuraduría General de la República, quien ha sido cuestionada acremente por los familiares de las víctimas.
Para dilucidar las dudas primero se dio intervención al EAAF, más tarde, al Instituto de Medicina Legal de la Universidad Médica de Innsbruck (IMG), en Austria; luego, a propuesta de la CIDH se conformó el GIEI; y por último el Grupo Colegiado de Expertos en Materia de Fuego.
Los últimos estudios del IMG estableció que de las 53 muestras de ropa y cabellos encontrados en distintas zonas por donde estuvieron los 43 normalistas los días 26 y 27 de septiembre del 2014, no coinciden con las pruebas genéticas tomadas de los familiares de las víctimas, lo que significa que no son de los normalistas, pues se trata de cabello de especies animales.
