Ciudad de México.- Pasaban de las 3 de la mañana y en la Asamblea Constituyente comenzaron a concretarse los pactos, sin debate. No hacía falta.
De esos pactos derivarán ausencias normativas que limitan el alcance de la Constitución de la Ciudad para, por ejemplo, iniciar juicio político por violaciones graves a los derechos humanos, y para obligar a desarrolladores inmobiliarios a mitigar los impactos urbanos y ambientales que generen sus proyectos. Nada más y nada menos.
El de los desarrollos inmobiliarios fue un tema de abierto interés para la diputada de Morena, Elvira Daniel Kabbaz; el de los derechos humanos también. La figura del momento.
Habían pasado largas horas de debate en temas álgidos, donde las posiciones eran públicas. No pasó el derecho a la vida que querían los partidos de derecha; no prosperó el voto a partir de los 16 años y el fondo de pensiones que buscaba la izquierda. Cada quien su golpe.
Los pactos no necesariamente implican acuerdos, tan es así que, por esa razón, los temas de desarrollos inmobiliarios y juicio político ya no aparecerán en la futura Constitución de la Ciudad de México.
No hubo acuerdo
La sesión había iniciado justo a las 7 de la noche del domingo. Ocho horas después, Alejandro Encinas, presidente de la Mesa Directiva de la Constituyente, anunciaba que para varios temas no se habían logrado acuerdos en las comisiones dictaminadoras ni en Mesa de Consulta, para proponer una redacción alternativa y de consenso, por lo que esos asuntos serían eliminados, de plano.
Fatigados, los constituyentes ponían la atención que podían. Esa fue una sesión dedicada a resolver todos los asuntos sobre los que en sesiones anteriores no se habían logrado acuerdos, una bolsa de pendientes a la que el diputado Porfirio Muñoz Ledo ha dado en llamar el “itacate legislativo”.
Desde el lugar que ocupa en la Mesa Directiva, Encinas se dirigía al Pleno para señalar que no hubo acuerdo en lo relativo a otorgar la facultad a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad para que pudiera presentar solicitudes de juicio político ante violaciones graves de autoridades a los derechos humanos, lo que le daría más “dientes” a esa institución.
“Toda vez de que no hubo propuesta y no hay tema de discusión, en ese sentido también se desecha de plano. Nada más quiero referirme en particular”, explicaba Encinas.
No hubo nadie que se opusiera a este anuncio de Encinas, ni que defendiera la posibilidad de mantener esta facultad para la Comisión de Derechos Humanos, pero las posiciones ya estaban claras. Había definiciones desde que el pasado 21 de enero, cuando en la sesión se discutía el capítulo de Poder Judicial, Elvira Daniel subió a tribuna para oponerse a la redacción del artículo 53, apartado H de la Constitución en la que se contemplaba ese juicio político.
Aquella ocasión, la también accionista de Grupo Danhos, Elvira Daniel, consideró que darle ese atribución a la Comisión de Derechos Humanos se convertiría en una instrumento de persecución política.
“Si lo que se quiere es darle dientes, vamos acotando en qué casos debería de presentar denuncia y en qué casos no procede, porque no hace un acotamiento. Yo estoy de acuerdo en que la Comisión debe de ser un instrumento eficaz y eficiente y que no lo es. Pero perseguir por juicio político en este país, lo que hemos visto en los últimos años, ha sido una forma de persecución política. No voy a reeditar la discusión que tuvimos hace unos días de un famosísimo juicio político”, dijo ese sábado 21 de enero la empresaria del sector inmobiliario.
Esa ocasión, Daniel Kabbaz decidió retirar su reserva, sin embargo, al momento de la votación ese apartado H no alcanzó el voto por mayoría calificada y se regresó a la Comisión de Poder Judicial para buscar un nuevo acuerdo de redacción. Como el acuerdo nunca llegó, esta atribución ya no existirá. Ese sábado el PRI votó en contra para evitar la mayoría calificada, este lunes el tema ni siquiera se votó, pues de plano se eliminó.
El artículo 21
El otro tema de interés no se relacionaba con los derechos, sino con obligaciones. De haberse aprobado, habría quedado como una imposición constitucional que los desarrolladores inmobiliarios pagarían o realizarían obras de compensación y mitigación de impactos urbanos y ambientales por las edificaciones que realicen en la Ciudad. Estos desarrollos también estarían obligados a contribuir a mejorar el equipamiento, infraestructura y espacios públicos de la ciudad especialmente en sus zonas de influencia.
Este tema había quedado pendiente de aprobarse en una sesión que tuvo lugar el 13 de enero y que, por no tener consenso, se regresó a comisiones y a la Mesa de Consulta.
Este lunes en la madrugada, Alejandro Encinas, informó al Pleno que no existía una propuesta alternativa para discutir el numeral 8, apartado C del artículo 21 de la futura Constitución, por lo que el tema se discutiría en los términos del dictamen que en su momento generó la Comisión de Desarrollo Sostenible.
En los términos del dictamen y dentro de ese numeral 8 se establecía que “todos los propietarios de terrenos en el área urbana de la Ciudad de México, tendrán derecho a aprovechar el espacio edificable de sus predios de acuerdo con los índices básicos que establezcan los programas de ordenamiento territorial. La ley establecerá los mecanismos para adquirir derechos de edificación adicionales, los cuales se aplicarán prioritariamente en la zona de influencia”.
Además, en el segundo párrafo del mismo numeral se señalaba: “Los desarrollos inmobiliarios en la ciudad estarán obligados a la compensación y mitigación de impactos urbanos y ambientales, y a contribuir a mejorar el equipamiento, infraestructura y espacio público de la ciudad especialmente en sus zonas de influencia. La ley establecerá los mecanismos administrativos, regulatorios y fiscales para ello, bajo un esquema de transparencia, rendición de cuentas y escrutinio público”.
Toda esta redacción ya no aparecerá en la futura Constitución de la Ciudad, pues no alcanzó el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes para su incorporación al decreto de Constitución.
Se registraron 40 votos a favor de que el texto permaneciera, de parte de legisladores del PRD y de Morena, pero hubo 39 en contra de legisladores del PRI, PAN y sus aliados, así como tres abstenciones, entre los que destacó el de la perredista Ana Julia Hernández y, por supuesto, de Elvira Daniel Kabbaz.
Una vez que no se alcanzó mayoría calificada, el numeral 8 se desechó de plano del artículo 21.
“No alcanza mayoría calificada y se desecha de Pleno el numeral ocho, apartado C del artículo 21”, cantó Encinas al término de la votación.
Reservas de Gil
Como parte del debate del artículo 21, también estan pendientes de discutir tres propuestas presentadas el 13 de enero por el legislador panista Roberto Gil, quien reservó los numerales 4, 7 y 9, del apartado C.
En el numeral 4, Gil plantea que las obras urbanas, públicas o privadas privilegiarán el interés público, controlando que su realización no implique la exclusión y expulsión de residentes, así como afectaciones urbanas, ambientales y de movilidad. En el numeral 7 propone que en la regulación del suelo se contemplaran mecanismos para evitar prácticas especulativas en los cambios de uso de suelo, mientras que en el 9 se señala que las autoridades instituirían políticas e instrumentos de gestión urbana y ambiental para evitar procesos de segregación social, además de que la ley determinaría los gravámenes a la propiedad inmobiliaria con fines de especulación.
Este último párrafo fue el que generó más controversia esta madrugada de lunes, en particular entre legisladores del PRD. Los perredistas argumentaron que este tema ya se había sometido a votación hace dos semanas, por lo que no procedía votarlo una segunda vez, mientras Gil argumentaba que, cuando aquella vez se abordó este tema, él pidió que sus reservas se votaran por separado y ese trámite no había concluido.
“Lo señalé con toda precisión ese mismo día en el sentido, que a juicio de la Presidencia era un tema que se había votado ya por el Pleno. Y esa es la posición que sostengo. Sin embargo, no ha habido acuerdo que nos permita generar el consenso para resolver este diferendo en las mejores condiciones, lo ideal hubiera sido alcanzar el acuerdo en este tema. No habiendo acuerdo, lo traigo aquí para resolución de la Asamblea, tendrá que resolverlo”, expuso hoy Encinas.
Anticipó que en torno a estas reservas de Gil habrá un litigio jurídico, independientemente de la resolución que adopte el Pleno, porque habiéndose votado y reponiendo la votación en caso de desecharse, habrá la posibilidad de impugnar estos incisos por parte de un sector de la Asamblea, o en caso contrario habrá la inconformidad que pudiera presentar el otro sector de la Asamblea.
Encinas iba a someter a votación del Pleno esos numerales, pero en términos de dictamen y sin tomar en cuenta las reservas de Gil. Dolores Padierna, coordinadora de los perredistas, recordaba que aquel 13 de enero, Roberto Gil subió a tribuna a presentar su propuesta y el Pleno dijo que no se discutía. “Si el Pleno dijo “no se discute”, es porque no la aceptó. Alguien que no participó, que llegó el día de la reunión, que no sabe el contexto de todo el contenido, nos metió en un procedimiento distinto. Pero yo digo, respétese que se votó en lo general el artículo, se votó en lo general con mayoría calificada la mega reserva, y eso es lo que vale”, expuso la del PRD.
Como los legisladores se entramparon en un debate de procedimiento, Encinas determinó posponer esta discusión y pasar a otro tema, pero enfadada la también perredista Elena Chávez pidió al presidente de la Mesa Directiva resolver en definitiva las reservas de Gil y desecharlas.
“Presidente, son casi las cinco de la mañana, se me hace una verdadera falta de respeto que nos tengan esperando aquí a causa de que el Partido Acción Nacional está viendo su asunto. Venimos a hacer una Constitución no a avalar el negocio del senador Gil. La verdad, lo digo de manera personal, aquí venimos a hacer una Constitución, el señor quiere hacer negocio y eso no lo podemos permitir”, acusó Chávez.
Encinas no aceptó abrir el debate sobre el tema, el cual quedó pendiente, pues decretó un receso y citó a las 14:00 horas de este mismo lunes, para desahogar las reservas de Gil y 34 artículos que conformarán el régimen transitorio.
