Ciudad de México.- La manera en que fluye la aprobación de artículos en la Asamblea Constituyente, aunque parsimoniosa, deja ver la forma en la que los partidos políticos hacen sus negociaciones, al ceder y conceder en algunos temas a cambio de mantener otros en el texto final de la Constitución local.
Hoy, por ejemplo, sin mucha bulla, el PRI y PAN lograron mantener en el artículo 12, apartado C, sobre libertad de expresión, una agenda por la que han pugnado por años, relacionada con los derechos de terceros en manifestaciones públicas.
En el numeral 4 de ese apartado quedó establecido que la protesta social es un derecho individual y colectivo, que se ejercerá de manera pacífica sin afectar derechos de terceros.
Además, se consagró que las autoridades adoptarán protocolos de actuación en manifestaciones conforme a parámetros internacionales dirigidos a la protección de las personas en el ejercicio de este derecho, sin vulnerar otros derechos. Quedará prohibida la criminalización de la protesta social y la manifestación pública.
El PRD y Morena intentaron, o al menos aparentaron, que el concepto de derechos de terceros no se incluyera en ese numeral 4, pero como todo artículo y reserva debe aprobarse por las dos terceras partes de los diputados presentes, los números no les dieron para borrar la frase “derechos de terceros”.
Irma Eréndira Sandoval, de Morena, argumentó que incluir la frase, a la que calificó como una estratagema, propiciaría a futuro la criminalización de los manifestantes. Su planteamiento no prosperó.
Otro que subió a tribuna con la intención de eliminar la frase “derechos de terceros” fue Roberto López, diputado del PRD. Su propuesta iba orientada a señalar que la propuesta social es un derecho individual y colectivo que se ejercerá de manera pacífica en el marco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Expuso que el marco legal que rige en todo país es la Carta Magna federal y en eso debe basarse la norma que rija el derecho a manifestación en la Ciudad. Recordó que hay una legislación local que incluso resulta ilegal, como el Código Penal del DF en su artículo 264, que califica de ilícito los ataques a la paz pública, por lo que pidió ceñirse a lo que se establece en el ámbito federal. El tema no siquiera se admitió a discusión.
Las concesiones de la derecha
El bloque de partidos de derecha logró mantener en la futura Constitución que en los actos de protesta y manifestaciones públicas se garanticen los derechos de terceros.
Ayer, como moneda de cambio, esa misma derecha permitió que en el artículo 11 avanzara el derecho a la libre autodeterminación y al desarrollo de la personalidad, sin aferrarse a incorporar el derecho a la vida desde la concepción.
Esa derecha pudo impedir ayer miércoles que ese tema avanzara y que el derecho a la autodeterminación regresara a comisiones, pero no lo hizo, pues de haber votado en contra del artículo no se habría alcanzado el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes que permitiera sacar el artículo.
A cambio de la concesión de ayer, hoy la izquierda le regresó el favor, pues los diputados de este bloque tampoco se aferraron a impedir a toda costa que en el caso de la protesta social apareciera el concepto de derechos de terceros.
Favor con favor se paga.
Derechos para periodistas
Este jueves a los diputados locales les tomó 7 horas y media aprobar el artículo 12 que habla de conceptos como libertad de expresión, derecho a la información, derecho de réplica, confidencialidad de las fuentes de información, cláusula de conciencia y otros términos que garantizan el ejercicio del periodismo en la Ciudad de México, además de conceptos como protesta social y protección de datos personales.
El debate inició a las 11:40 de la mañana y concluyó a la 18:25 horas, con el desahogo de reservas que, en el caso de las que sí se aprobaron, adicionaron al contenido del dictamen.
Así, en el apartado A se incorporó una reserva del diputado de Movimiento Ciudadano, Alejandro Chanona, por la cual se establece que en la administración pública se debe privilegiar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y las políticas de gobierno electrónico.
Se adicionó una propuesta de la diputada del PRD y periodista Katia D´Artigues, quien a nombre propio y de los diputados Mayela Delgadillo, Miguel Ángel Velázquez, Fabrizio Mejía, Dolores Padierna y Beatriz Pagés planteó que las personas profesionales de la información tienen derecho a desempeñarse de manera libre y mantener el secreto profesional que salvaguarda a periodistas y colaboradores periodísticos en cumplimiento de sus funciones, así como a no ser obligados a revelar sus fuentes de información. En su desempeñó se respetará la cláusula de conciencia para salvaguardar su dignidad e independencia.
Además, esa reserva contempla que se garantizará la seguridad de las personas que ejerzan el periodismo; así como las condiciones para que quienes sean perseguidos arbitrariamente en el ejercicio de dicha actividad profesional realicen todos sus derechos en la ciudad. Se tendrá como eje fundamental la cláusula de conciencia, que salvaguarda la independencia y la dignidad personal a quienes ejerzan la función periodística.
Otra reserva al apartado A que también prosperó fue presentada por el diputado perredista Roberto López, la cual venía acompañada con la firma de diputados como Dolores Padierna, Claudia Aguilar y Javier Jiménez Esrpiú quien al final la retiró.
En esa reserva quedó definido que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión por cualquier medio; su ejercicio no podrá ser objeto de previa censura y sólo podrá ser limitado en los casos que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley.
Con esa redacción se eliminó el planteamiento que venía en el dictamen original, el cual señalaba que el derecho a la libertad de expresión sólo podía ser limitado en caso de afectación a la vida privada, los derechos de terceros, el ataque a la moral, la provocación de algún delito o la perturbación del orden público. El asunto, y eso lo hizo ver el diputado de Morena, Javier Jiménez Espriú, es que todos esos conceptos que se eliminaron vienen en incluidos en la Constitución federal, dentro del artículo 6.
Diputados distraídos
La sesión no fue fácil para Alejandro Encinas, presidente de la Mesa Directiva, pues varias veces tuvo que llamar al orden a los diputados constituyentes en el salón de sesiones, quienes preferían charlar entre ellos que escuchar al orador en turno.
“A diferencia de la Cámara de Diputados o del Senado, en este recinto no solo se escuchan sus murmullos, sino que también se escuchan sus conversaciones hasta la cuarta fila”, les dijo Encinas.
La distracción de los legisladores les pasaría factura en los minutos siguientes, pues sin darse cuenta permitieron que se sometiera a discusión y votación una propuesta de Javier Jiménez Espriú que no tenía consenso y que, incluso, se contradecía con la reserva del perredista Roberto López que recién se había aprobado.
El planteamiento del legislador de Morena proponía: “En la Ciudad de México toda persona tiene derecho a la libertad de expresión por cualquier medio, su ejercicio no podrá ser objeto de censura. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley”.
Cuando se dieron cuenta que habían permitido la discusión de esa reserva, diputados del PRD, PAN y PRI comenzaron a tomar la palabra de forma activa y lograron que la votación de la propuesta se detuviera.
“Yo sugeriría que por proceso parlamentario se omitiera esa votación, porque estamos votando prácticamente lo mismo que ya se aprobó”, dijo Roberto López, aunque Alejandro Encinas y el morenista Jaime Cárdenas le hicieron ver que las reservas no eran iguales.
Inició entonces un debate entre legisladores de todas las bancadas sobre el derecho que tienen los diputados a presentar reservas, los cuales no se pueden conculcar.
Jiménez Espriú intervinó para defender su propuesta y recordar que todos los conceptos que se eliminaron como limitativos de la libertad de expresión vienen en la Constitución federal, dentro del artículo 6.
“Quiero reiterar que ese texto del artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es, a la letra, el mismo que tenía la Constitución en 1917. Estamos casi cien años después ratificando una situación de limitación a la libertad de expresión que se podía haber entendido en los momentos inmediatos posteriores al movimiento revolucionario, lo estamos haciendo válido hoy en el Siglo XXI. No nos retrotraigamos a 1917 y dejemos aquí las mismas cuestiones, porque ese texto fue el que exactamente dio cauce al artículo 45 y al 45-bis del Código Penal que derogamos, afortunadamente, en 1968. Eso es lo que se nos está olvidando. Tengamos memoria y tengamos también visión de futuro”, expuso el de Morena.
Debido a que la votación se había detenido, el sistema electrónico se abrió nuevamente, pero ya enterados de como venía la reserva el resto de las bancadas no lo dejaron pasar y Espriú perdió la votación, una estrategia que sería fuertemente criticada por el de Morena, quien la calificó de “manipulación evidente”.
Pero para Morena no todo fueron derrotas en esta sesión. Dentro del apartado de derecho a la información, una de las propuestas de ese partido que sí avanzó establece que no podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad.
El artículo 13
Ya durante la noche, los diputados lograron aprobar en lo general el artículo 13, relacionado con el derecho a la educación. Con 81 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones se avaló un dictamen para el que quedaron pendientes de discusión en la sesión de mañana 29 reservas.
De este artículo, destaca por ejemplo que en la Ciudad de México todas las personas tienen derecho a la educación en todos los niveles, al conocimiento y al aprendizaje continuo. Tendrán acceso igualitario a recibir formación adecuada a su edad, capacidades y necesidades específicas, así como la garantía de su permanencia, independientemente de su condición económica, étnica, cultural, lingüística, de credo, de género o de discapacidad.
Además, se garantizará el derecho universal a la educación obligatoria. La Ciudad de México asume la educación como un deber primordial y un bien público indispensable para la realización plena de sus habitantes, así como un proceso colectivo que es corresponsabilidad de las autoridades de los distintos órdenes de gobierno en el ámbito de sus facultades, el personal docente, las familias y los sectores de la sociedad.
Un tema que generará el debate viene en el numeral 3 del aparatado A, en donde se establece que las autoridades educativas de la Ciudad de México impartirán educación en todos los niveles y modalidades, en los términos y las condiciones previstas en la Constitución Federal y las leyes de la materia. Toda la educación pública será gratuita, laica, inclusiva, intercultural y de calidad. Tenderá a igualar las oportunidades y disminuir las desigualdades entre los habitantes. Será democrática y contribuirá a la mejor convivencia humana. En la Ciudad de México, la población indígena tendrá derecho a recibir educación bilingüe, en su lengua originaria y en español.
En la Ciudad, la importación de educación en los niveles básicos es hoy una atribución exclusiva de la Federación.
